Poco o nada queda de la otrora Corte de Oro de los años noventa. Esa generación de magistrados, integrada por juristas como Ciro Angarita, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo, marcó una época dorada de independencia y legitimidad. Sus fallos fundacionales no solo desarrollaron la Constitución del 91, sino que consolidaron la confianza ciudadana en la justicia constitucional como garante de derechos y contrapeso al poder político. Hoy, en contraste, asistimos a la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, un nombramiento atravesado por cuestionamientos éticos y políticos que golpean el prestigio de la institución.
Camargo llega con un historial marcado por denuncias de clientelismo. Durante su paso por la Defensoría del Pueblo, La Silla Vacía reveló que al menos 26 de los 38 directivos que nombró respondían a cuotas políticas, y que nueve magistrados de la Corte Suprema —los mismos que lo incluyeron en la terna— tenían familiares o allegados vinculados a la entidad. A ello se suman senadores beneficiados con contratos que, después, le dieron su voto en el Congreso. En otras palabras, su elección se fraguó en un entramado de favores y repartijas que poco tienen que ver con el mérito jurídico y mucho con la lógica de la transacción política.
El contraste con la Corte de Oro no es un asunto de nostalgia, sino de legitimidad institucional. Aquellos magistrados eran académicos de prestigio, doctrinantes independientes, hombres y mujeres que vivían de la solidez de sus argumentos. Camargo, en cambio, es percibido como un político con toga, un beneficiario de redes de poder que no inspira confianza. La degradación del criterio de mérito por el de conveniencia es un golpe directo a la autoridad moral de la Corte.
El riesgo es enorme. La Corte Constitucional no es un tribunal cualquiera: es la instancia que define el alcance de los derechos fundamentales, la que puede frenar excesos del Ejecutivo y la que interpreta los grandes cambios sociales y económicos del país. Si se percibe como un botín burocrático, su capacidad de decisión se erosiona. Y cuando llegue la hora de fallar sobre reformas cruciales, los ciudadanos tendrán la legítima sospecha que detrás de cada voto pesan más los compromisos políticos que la fidelidad a la Constitución.
La Constitución de 1991, con su promesa de un Estado social de derecho, exige guardianes de talla ética y académica. Poco o nada queda de la otrora Corte de Oro de los años noventa.
Apunte marginal: algo pasa en el municipio de Girón. Hay fuertes indicios de irregularidades en temas de tierras, sin contar con los recientes acuerdos del concejo sobre vigencias futuras. Volveremos sobre ese tema.
