Ante los múltiples escándalos de corrupción de las administraciones públicas, las movilizaciones sociales se han consolidado como un mecanismo frecuentemente usado como expresión de la inconformidad ciudadana, sobre todo, cuando los gobiernos parecen sordos a los reclamos legítimos. La corrupción, ese flagelo que alimenta la desigualdad y ralentiza el proceso de desarrollo social y económico de las naciones, se ha convertido en una de las causas más poderosas de indignación, pues representa no solo la malversación de recursos públicos, sino también la traición a la confianza ciudadana.
En Nepal, las protestas recientes han reunido a miles de jóvenes y ciudadanos de distintos sectores sociales, para derrocar a un gobierno considerado como corrupto y abusivo.
Aunque los métodos violentos utilizados pueden ser reprochables, lo interesante de este fenómeno es que no se trata únicamente de una lucha por mejores condiciones materiales, sino también, la expresión viva del hartazgo de una ciudadanía envuelta en necesidades no resueltas que reclama un actuar ético de sus gobernantes, elegidos precisamente para tal fin.
La democracia no solo se manifiesta en las urnas; se construye diariamente con la inclusión, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
En Colombia, aunque las movilizaciones sociales que se han desarrollado, no han tenido resultados tan contundentes, no es menos cierto que han representado el inconformismo colectivo frente a décadas de desigualdad, abusos de poder y corrupción estructural.
Sin embargo, los mecanismos de protesta deben enmarcarse en todo caso, bajo el precepto de respeto a los derechos humanos, por lo que es lo importante construir herramientas y estrategias que permitan la expresión ciudadana y una escucha activa del poder frente a los reclamos razonables sobre las problemáticas sociales, sin esperar el caldo de cultivo perfecto para una explosión social violenta.
La corrupción sigue siendo una de las principales amenazas para la democracia, el desarrollo y la competitividad. No solo debilita la institucionalidad, sino que debilita la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, por lo que, es indispensable fomentar la participación ciudadana y rendición de cuentas continua, en los cuales las comunidades puedan opinar, vigilar, proponer y co-crear. Cuando las personas sienten que su voz es escuchada y tenida en cuenta, aumenta el sentido de pertenencia y se fortalece la cultura cívica.
La historia nos recuerda que ningún país avanza si se cimienta sobre la base de la corrupción, pues continuo crecimiento del inconformismo, la desigualdad, la pobreza y la desconfianza que generan los actos corruptos en una sociedad, hará que tarde o temprano, se den las condiciones perfectas para reclamaciones marcadas por la violencia y desesperación.
