Hablar de vivienda digna sin hablar de servicios públicos es un contrasentido. Una casa no es un hogar si no cuenta con agua potable, alcantarillado, energía, gas y conectividad. Los servicios públicos son la base que garantiza calidad de vida y marcan la diferencia entre una construcción improvisada y un verdadero proyecto de ciudad. En el área metropolitana de Bucaramanga, donde la presión demográfica y la necesidad de vivienda crecen cada día, este tema no puede seguir siendo secundario.
La vivienda formal en nuestra región se desarrolla en tres grandes categorías. La primera es el desarrollo tradicional, que corresponde a la construcción en predios urbanos ya habilitados en los que, en teoría, los servicios públicos están disponibles. El reto es garantizar que la infraestructura existente se amplíe y se modernice en paralelo con la construcción de las nuevas viviendas. Lo más preocupante es el caso de aquellos predios que se incorporan al perímetro urbano sin que exista una conciliación previa con las empresas prestadoras. Esta práctica, que responde más a intereses políticos o especulativos que a criterios técnicos, genera un desfase entre la planificación urbana y la capacidad real de los servicios, trasladando el problema a las familias que después deben soportar la mala calidad en la prestación.
La segunda categoría es la expansión urbana. Aquí el desafío es mayor, pues se parte de terrenos que no cuentan con redes instaladas. La viabilidad de estos proyectos depende de una planeación seria que asegure la cobertura y la financiación de las redes de acueducto, alcantarillado y energía antes de que lleguen las familias. Desarrollar sin prever los servicios es sembrar problemas sociales y ambientales a futuro.
La tercera es la renovación urbana, que busca revitalizar zonas deprimidas o subutilizadas dentro de la ciudad. Estos proyectos, aunque más complejos, son una gran oportunidad para aprovechar la infraestructura existente y mejorarla, integrando soluciones modernas de movilidad, espacio público y sostenibilidad. No basta con reconstruir edificios: se requiere también garantizar que las redes de servicios sean actualizadas y que tengan capacidad de soportar la densificación.
En las tres categorías, la constante es la misma: sin servicios públicos adecuados, no hay vivienda digna. La ciudad debe asumir este reto con visión de largo plazo, articulando a las empresas prestadoras, los constructores, los entes territoriales y la comunidad.
La verdadera política de vivienda digna no se mide solo en unidades entregadas, sino en hogares que puedan vivir con seguridad, salud y bienestar en ciudades que crecen de manera ordenada y sostenible.
