El arte de leer silencios, anticipar necesidades y acompañar sin invadir; el oficio de atender, vigilar y sostener, que se aprende en la práctica y se afina con los años; y la profesión del amor, ejercida muchas veces sin salario ni reconocimiento, fueron valoradas por la Corte Constitucional como un derecho humano que merece garantías, dignidad y corresponsabilidad, pues cuidar no es solo una carga familiar.
La Sentencia T-124 de 2025 marca un giro profundo en la forma en que el Estado y la sociedad comprenden el cuidado. Ya no se trata únicamente de quien recibe atención, sino también de quien la brinda. La sentencia visibiliza a millones de personas —en su mayoría mujeres— que sostienen la vida desde la informalidad, la sobrecarga y el silencio. Reconocer su labor como derecho exigible abre el camino hacia una justicia cotidiana que empieza en casa y se proyecta en lo institucional.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional ha visibilizado una realidad que miles de familias enfrentan en silencio: el peso del cuidado no puede recaer exclusivamente sobre quienes lo ejercen sin apoyo, sin recursos y sin reconocimiento. En este caso, una persona adulta mayor, con condiciones de salud precarias, solicitó a su EPS el servicio de cuidador permanente para atender a un familiar con discapacidad múltiple. La respuesta fue la habitual: “Eso le corresponde a la familia”.
En este caso, la Corte ordenó una valoración integral del entorno familiar, reconociendo que el bienestar de quien cuida es parte esencial del derecho a la salud. Este pronunciamiento no solo protege a quien recibe atención, sino también a quien la brinda. Reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una carga impuesta por la desigualdad estructural, sino una responsabilidad compartida que exige garantías del Estado.
Con esta decisión, se rompe el silencio institucional, visibilizando a quienes sostienen la vida desde el agotamiento, la informalidad y la exclusión, quedando claro que cuidar no es solo una tarea privada, sino un acto público digno de protección jurídica, acompañamiento social y reconocimiento político.
Aunque una tutela no hace la primavera ni la golondrina el verano, la apuesta es abierta y el reto ahora es político. Colombia, el Sistema Nacional de Cuidados, requiere de una ley orgánica. Los planes de desarrollo territorial deben recogerla y las instituciones deben construir herramientas replicables para valorar entornos familiares, garantizar corresponsabilidad y dignificar a quienes cuidan.
Cuidar no es solo asistir. Es sostener, acompañar, resistir. Es una forma de trabajo, de vínculo, de justicia. Y como tal, merece protección. La Corte ha hablado. Ahora le corresponde al país escuchar, legislar y transformar recordando que cuidar es amor, política, derecho, trabajo, saber y vínculo. Cuidar debe sanar y no quemar al cuidador.
