Colombia está a meses de elegir un nuevo gobierno. Y lo que decida en 2026 determinará su futuro. Si algo quedó claro esta semana en la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía —que reunió en Cartagena a líderes empresariales, académicos y del sector público— es que el país no puede seguir aplazando el debate energético bajo el ruido ideológico. No se trata de escoger entre “petróleo o agua”, “minería o turismo”. Esos falsos dilemas han sido trampas narrativas muy costosas.
Los datos son contundentes, y no vienen de discursos, sino de la realidad técnica del sector. Hoy Colombia cuenta apenas con 7,2 años de reservas de petróleo y 5,9 años de gas, de acuerdo con la ANH. La producción promedia 748.000 barriles diarios de petróleo y 807 millones de pies cúbicos diarios de gas, cifras que vienen en descenso sostenido. Pero un indicador muy alarmante es que según Campetrol, solo 30 taladros de perforación están activos, un desplome del 50% frente a 2022. Sin nuevos pozos, no habrá nuevas reservas, no habrá energía. Y sin energía, no habrá transición ni Nación...
¿De qué sirve defender una transición energética “justa” si al mismo tiempo asfixiamos las fuentes que hoy sostienen las finanzas del Estado? ¿Cómo financiaremos la educación, rescataremos el sistema de salud en franco deterioro o construiremos las obras de infraestructura si seguimos mutilando la principal fuente de recursos?
La transición energética es urgente, pero no puede ser un salto al vacío. Hay que diversificar la matriz energética sin demonizar una industria que aporta el 40% de las exportaciones, más del 15% del recaudo fiscal y miles de empleos de alta calidad. La apuesta del país debe ser simultánea: fortalecer la producción responsable de petróleo y gas, y con esos recursos financiar investigación e innovación en nuevas fuentes energéticas. La transición no es reemplazo inmediato; es convivencia inteligente.
Lo responsable no es prohibir, sino mitigar, regular, controlar y garantizar que la riqueza generada se redistribuya de manera justa en los territorios y coexistan diferentes actividades económicas. Colombia necesita volver a una discusión seria, despolitizada en clave electoral y politizada en clave económica y social.
El próximo gobierno debe tomar decisiones valientes y realistas: Retomar asignación de áreas de exploración; priorizar proyectos offshore y no convencionales con altos estándares de seguridad; garantizar estabilidad fiscal y regulatoria para atraer inversión y asegurar licenciamiento ágil.
Si Colombia quiere fortalecer su educación, su salud y construir las obras estratégicas que permitan competir globalmente, debe reactivar el sector energético con responsabilidad, rigor y visión de Estado. Adenda: Este lunes 24 a las 2:00 p.m. en el Holiday Inn de Bucaramanga podremos escuchar a representantes de Neuquén (Argentina) donde ya tienen una experiencia y aprendizajes sobre el fracking.
