Gobernar no es solamente administrar recursos o anunciar proyectos; es enfrentar problemas y tomar decisiones para hacer que las cosas pasen. En Santander hay dos iniciativas que demuestran que, pese a las dificultades de lo público, cuando se combinan planeación, gestión y ejecución, los resultados se ven.
Una de ellas es el Centro Integrado de Monitoreo, Verificación y Reacción Inmediata, CIMVRI, iniciativa del gobierno del general Juvenal Díaz bajo el modelo de Seguridad Multidimensional.
No se trata simplemente de entregar drones, motocicletas o vehículos; se está construyendo una capacidad operacional para observar el territorio, verificar amenazas, decidir y reaccionar rápidamente: tecnología al servicio de nuestros soldados y policías.
Y ya hay resultados: desde su puesta en marcha, los tres CIMVRI han contribuido a detectar y desactivar 62 válvulas ilegales utilizadas para el robo de hidrocarburos en Santander, delito detrás del cual existen economías criminales y que le representa al país la pérdida de más de un millón de barriles al año.
Aquí hay una experiencia que Colombia debería mirar: si esta combinación de tecnología, inteligencia, movilidad y reacción funciona en Santander, el CIMVRI puede ser un modelo replicable para combatir el robo de hidrocarburos y otras economías ilícitas.
Esa misma decisión de hacer que las cosas pasen se ha puesto a prueba en el Anillo Vial Externo Metropolitano, la obra más importante del área metropolitana de Bucaramanga; un proyecto fundamental para la región, con enormes desafíos.

El gobierno recibió un proyecto de 2023, pero sin las condiciones necesarias para iniciar su construcción; estaban pendientes estudios y diseños definitivos, licencia ambiental, Plan de Manejo Arqueológico y una compleja gestión predial. Además, solo se comprometieron $480.000 millones de los $2,8 billones que cuesta aproximadamente construir los 28 kilómetros completos en doble calzada; apenas el 17 % de los recursos que demanda la solución definitiva.
En lugar de buscar culpables, prefirieron buscar soluciones; hoy están listos los diseños definitivos, se aprobó el Plan de Manejo Arqueológico, avanza la adquisición de predios y, después de 14 meses de trabajo y 92 requerimientos, por fin se obtuvo la licencia ambiental.
Ahora hay que avanzar por etapas; solo para completar la UF2 se necesitan $230.000 millones adicionales. Terminar el Anillo exige compromiso nacional, apelando a la gratitud del presidente con esta región y a su intención de invertir en proyectos significativos; el Anillo Vial, sin duda, lo es. También hay que avanzar en la financiación vía valorización; para ello, Piedecuesta y Girón deben entregar la información predial a la UIS, responsable de su estructuración.
El CIMVRI y el Anillo Vial son proyectos distintos, pero dejan una misma enseñanza: los problemas no desaparecen señalándolos, hay que enfrentarlos para lograr que las cosas pasen.










