Los días de Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde designado de Bucaramanga terminaron.
Llegó por decisión de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander. Lo escogió de la terna que le presentaron los partidos que avalaron la inscripción de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga en las elecciones de 2023.
Impresionó con su hoja de vida. Su currículum decía que había sido viceministro de política criminal y justicia restaurativa, ministro de justicia y del derecho encargado, procurador delegado para los derechos humanos y delegado para el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.
Sus ejecutorias, que en el fondo es por lo que se califica a un funcionario, mostraron otra cosa. O se supo vender bien, o el gobernador tuvo muy mal ojo al escoger. Lo cierto es que el asunto no pintó bien desde el principio.
Arrancó con un presuntuoso acto de posesión. Con el correr de los días dejó en evidencia un amor propio en exceso, rayano con la arrogancia, como rasgo característico de su personalidad. La pedantería le alcanzó hasta para tratar de ignorante a su exjefe, el mismísimo procurador general de la nación.
“No sé quién se inventó esa teoría, por supuesto no jurídica, de que estamos en vigencia de la ley de garantías en este momento”, respondió altivo en la rueda de prensa que improvisó el mismo día de su posesión. Una juez y una magistrada se encargaron de dejarle claro que por cuenta de la ley de garantías no podía modificar la nómina desde el catorce de octubre cuando se convocaron las elecciones atípicas.
“Mal haría, viniendo de trabajar cinco años en este ente de control, en desconocerlo. Esa es mi gran certeza y tranquilidad jurídica. Esto no es caprichoso”, les dijo a dos periodistas de Vanguardia el 7 de noviembre, el mismo día en que declaró insubsistentes los nombramientos de diecisiete funcionarios de libre nombramiento y remoción entre secretarios de despacho, subsecretarios y asesores tratando de enderezar la insensatez.
No fue el único desatino.
Se le olvidó que en el Acueducto Metropolitano rige una política de gobierno corporativo para evitar que lo político interfiera en lo técnico. Irregularmente cambió la secretaria administrativa. La funcionaria, en plena campaña, sacó a gorretazos de la alcaldía a uno de los candidatos. Dijo estar amparada en una circular del subsecretario de bienes y servicios. Le preguntamos al funcionario y la tal circular no existe.
La lista de desaciertos es generosa. O Sarmiento Olarte y Diaz Mateus compartieron los mismos asesores (muy pocas decisiones les salieron bien), o la soberbia les ganó la partida. En la alcaldía, el eclipse cesó. En la gobernación, aún están a tiempo de enderezar el rumbo.
