En una columna anterior me referí a la amenaza para la seguridad nacional resultado del uso de drones por parte de los grupos armados. Y es que según algunos datos en Colombia ya se registran más de 393 ataques con estos artefactos como el que la semana pasada mató a 7 militares en Aguachica.
De ahí que tras el atentado en el batallón El Juncal el gobierno haya ordenado mediante la figura de la urgencia manifiesta, la compra de sistemas antidrones cuyo valor asciende a un billón de pesos.
El uso de estos sistemas “multiplicadores de fuerza” caracterizados por su bajo costo y eficacia relativa, ha transformado la guerra en el mundo dificultando, por ejemplo, concentrar tropas en combate terrestre. Lo estamos viendo en México, Yemen, Ucrania y Mozambique. Pero también en Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar o Catatumbo.
De allí que no sea exagerado decir que los drones están sacudiendo el tablero de la guerra en Colombia. Y de allí que el hundimiento por el Congreso de la ley de financiamiento y la mezquindad electorera de algunos sectores políticos interesados en que el decreto de emergencia económica corra la misma suerte en la Corte Constitucional; le hace un flaco favor a la seguridad de los colombianos que tanto pregonan.
Enfrentar esta gran amenaza cuesta y cuesta caro y esto bien lo sabe el expresidente Uribe quien en 2002 apelando a la emergencia económica, creó un “impuesto de guerra” que los gremios y la clase política no dudaron en respaldar. Paralelamente, exige adecuar las instalaciones militares y de policía en todo el país; modificar la doctrina, tácticas y entrenamiento de las fuerzas y fortalecer la inteligencia. Y exige también, la aprobación del proyecto de ley de drones, que desde julio pasado duerme el sueño de los justos en el Congreso, pese a las súplicas del ministro Pedro Sánchez. Mientras tanto, cualquiera puede comprar un dron DJI en Mercado Libre y aprender a acondicionarlo para portar explosivos mediante tutoriales en YouTube.
¿Qué esperamos? El palo no está pa cucharas. El terrorismo del ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las FARC amenaza con seguir cobrando la vida de civiles, soldados y policías en las zonas rurales y urbanas de nuestro país e incluso, con producir un quiebre estratégico desfavorable al Estado si no actuamos inmediatamente para fortalecer sus capacidades frente a esta nueva amenaza que en mala hora nos llega desde el cielo.
