Confieso que a un liberal hablar de prohibiciones le produce escalofríos. Hay algo de contradicción en pedir reglas cuando uno ha defendido durante años la autonomía individual y la mínima interferencia del Estado. Sin embargo, cuando todo se desborda, cuando el mercado deja de corregirse a sí mismo y los daños empiezan a acumularse, los liberales tendemos a volvernos laureanistas y, sobre todo, pragmáticos. La libertad también necesita límites cuando el precipicio se hace evidente, allí pedimos intervención vehemente del Estado.
En ese punto se inscriben las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, al describir el ecosistema digital como el salvaje oeste. No hablaba de censura ni de moralina, sino de un entorno sin reglas claras donde los incentivos económicos de las plataformas chocan de frente con la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. La propuesta de restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años no surge de la nada, ni es una ocurrencia aislada por parte del mandatario. Es la consecuencia de una discusión que lleva años madurando en varias democracias.
El mapa comparado es elocuente. China optó por el camino duro, con controles estatales estrictos y límites severos al uso digital infantil. Francia estableció barreras legales y consentimiento parental obligatorio para su uso. Australia avanza hacia una edad mínima verificable con obligaciones directas para las plataformas. El Reino Unido reforzó la protección de menores sin prohibición formal, pero con responsabilidades claras para las empresas. Incluso en Estados Unidos, tierra de la libertad al menos conceptualmente, algunos estados ya exigen autorización parental y verificación de edad. No es una cruzada ideológica, es una respuesta política derivada de la evidencia acumulada.
En el fondo se esconde un problema incómodo de admitir. Los padres se están quedando obsoletos frente a tecnologías diseñadas para capturar atención de sus hijos con una sofisticación que ninguna crianza tradicional logra igualar. No por desinterés, sino por desventaja estructural. Cuando la brecha entre el hogar y el algoritmo se vuelve insalvable, cuando los padres apenas dominan la versión beta del mundo digital, el mejor aliado termina siendo ese actor al que solemos mirar con desconfianza: papá Estado.
En Colombia el desafío es mayor. Aquí no basta con copiar leyes ni con importar debates —no aspiramos siquiera a la homologación— la debilidad institucional, la desigualdad digital y la falta de alfabetización tecnológica amplifican los riesgos. Por eso vale la pena que el nuevo Congreso que se elige el 8 de marzo empiece a pensar, con seriedad, lo que el mundo ya está discutiendo. Regular no es renunciar a la libertad, es justamente intentar salvarla cuando empieza a perderse.
