Últimamente, en Colombia estamos hablando mucho de fusiones escolares, reestructuraciones y “ajustes necesarios”; pero poco mencionamos lo que realmente está sucediendo: los colegios están cerrando y, con ellos, las oportunidades, comunidades y futuros.
Las cifras son aterradoras: solo en Bogotá, 35 colegios privados no abrieron sus puertas este año. A nivel nacional, según reportes de la Asociación de Colegios Privados del país (Acopricol), cerca de 800 instituciones educativas han cesado operaciones desde el 2020. Detrás de cada número hay aulas vacías, funcionarios desempleados, familias reubicando a sus hijos y niños obligados a adaptarse, una vez más, a un sistema que se mueve más rápido que su estabilidad emocional.
La explicación a todo este panorama suele ser técnica, enumerando argumentos como la baja natalidad, la crisis económica, la migración y los cambios demográficos. Y todo eso es cierto, pero reducir el cierre de colegios a una ecuación financiera es peligroso. Un colegio no es una empresa cualquiera, es un entorno de cuidado, formación, vínculos y sentido que, cuando desaparece, no solo se pierde un servicio, sino que se quiebra una red.
En especial, los jardines infantiles y los colegios pequeños están siendo los primeros en caer, y eso debería alarmarnos porque la primera infancia y la educación básica no son reemplazables sin consecuencias. No es lo mismo trasladar a un niño de cinco años que a un adulto de oficina. Para un niño, cambiar de colegio puede significar perder su lugar seguro.
Este fenómeno profundiza la desigualdad. Las familias con más recursos consiguen reubicarse en instituciones grandes y consolidadas, mientras que las demás quedan a la deriva: listas de espera, traslados largos o, en el peor de los casos, deserción silenciosa. Así, el cierre de colegios no solo reduce la oferta educativa, sino que estrecha el derecho a elegir y limita el acceso a una educación de calidad.
Como persona que trabaja en el sector, me preocupa el impacto pedagógico y me inquieta el silencio estructural. ¿Dónde está la política pública para acompañar a los colegios en riesgo? ¿Dónde están los planes de transición para proteger a los niños, a los maestros, a las comunidades educativas?
Cuando un colegio cierra, el país no se moderniza, se reduce. Y si seguimos normalizando estas cifras sin una conversación seria y valiente, estaremos aceptando, casi sin darnos cuenta, que el futuro de la niñez colombiana sea cada vez más frágil.
Cerrar colegios no puede ser la respuesta. Cuidarlos, transformarlos y sostenerlos sí debería serlo.
