El glifosato ha estado en el centro del debate sobre la erradicación de droga en Colombia a tal punto y por tanto tiempo, que lo que debería ser un término oscuro, propio de disciplinas muy especializadas, hace parte en este país del lenguaje común, comprensible para la mayoría de personas.
No así en Estados Unidos, en donde el uso del término -y del compuesto - estuvo por años circunscrito al terreno de la actividad agrícola, en donde es el ingrediente activo del herbicida Roundup, de Bayer. En mayo de 2025, el informe Make America Healthy Again (MAHA), liderado por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., vinculó al glifosato con la crisis de enfermedades crónicas y activó, de esa forma, una amenaza existencial para la multinacional alemana.
Sin embargo, una carta tapada cambió el paisaje: Bayer es el único productor en EEUU de fósforo, un mineral crítico en la producción de glifosato y otros fertilizantes, pero también en la fabricación de armas y semiconductores.
La noción de que Bayer podría abandonar el mercado estadounidense debido a la “incertidumbre regulatoria”, privando al mercado no solo de uno de los productos más utilizados en las tierras agrícolas de ese país, sino de un elemento crucial para el sistema de defensa, el Gobierno priorizó la estabilidad de la cadena de suministros y la soberanía industrial sobre las preocupaciones sanitarias.
El tema dio, así, un giro radical: el Departamento de Justicia intervino ante la Corte Suprema para que la regulación federal de la EPA prevalezca sobre las leyes estatales de etiquetado, blindando a la empresa contra futuras demandas y, de hecho, la Casa Blanca invocó la Ley de Producción de Defensa, invocada para garantizar la continuidad de la producción de herbicidas como si fuera un insumo de guerra.
Hay una explicación simple y transparente para este hecho: ante el endurecimiento de las exportaciones de China, mantener la operatividad de Bayer se volvió una prioridad del Consejo de Seguridad Nacional para evitar la dependencia de importaciones asiáticas.
Sin embargo, hay otro factor, menos transparente pero igualmente simple: 22 funcionarios clave de la administración Trump tienen vínculos con la red de lobby de Bayer y Brian Ballard, un poderoso lobista para la compañía, descrito a menudo como “una de las personas más influyentes de D.C. que no ostenta un título oficial de gobierno”, empleó en el pasado a figuras como Pam Bondi y Susie Wiles, hoy fiscal federal y jefa de gabinete de Trump, respectivamente. De hecho, Ballard recaudó más de 50 millones de dólares para la campaña de Trump en 2024 y formó parte de los comités de investidura y de financiación de transición en 2024.
Por todo esto, mientras el sector agrícola celebra la garantía de suministros a bajo costo, los activistas de MAHA denuncian una traición a las promesas de sanear el sistema alimentario. La estrategia de Bayer demuestra cómo una corporación puede volverse indispensable al controlar desde la mina hasta el producto final, con una cucharadita de donaciones de campaña.
