Lo que hoy vive Colombia con los avalúos catastrales no es un accidente administrativo ni un error técnico: es la consecuencia previsible —y advertida— de una visión ideológica neocomunista que desconfía de la propiedad privada y que entiende al Estado como el gran redistribuidor de la riqueza, incluso a costa del esfuerzo legítimo de los ciudadanos.
La resolución que obliga al IGAC a ajustar al alza los avalúos ha desatado una tormenta social en el campo. Paros y protestas en distintas regiones no surgen de la nada. Responden a una decisión centralista que desconoce la realidad productiva y que, en la práctica, asfixia a quienes viven de la tierra. No se trata de cifras en un papel: son impuestos impagables, fincas inviables y familias que ven amenazado su sustento.
Distintas voces han advertido lo mismo: el incremento desproporcionado de los avalúos termina siendo un mecanismo indirecto de expropiación. Cuando el Estado eleva artificialmente el valor de la tierra, pero los ingresos del productor no crecen en la misma proporción, lo que hace es empujarlo fuera del sistema. Es, en esencia, una presión fiscal que castiga la propiedad y desincentiva la inversión.
Y aquí conviene decirlo con claridad: estábamos advertidos. Durante la campaña presidencial, el propio Gustavo Petro anunció al país su visión frente a la tierra y la propiedad. Hoy, esa visión se traduce en decisiones concretas. No es retórica, es comunismo adaptado a política pública dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
A lo anterior se suma una reacción desconcertante del Gobierno: en lugar de asumir la responsabilidad por una medida nacional, optó por trasladar la carga a los alcaldes e incluso amenazarlos con destituirlos si no aplicaban los ajustes. Es una forma de gobernar que evade responsabilidades y rompe la necesaria articulación entre niveles de gobierno.
Ahora bien, también hay que ser claros: las vías de hecho no son el camino. Los bloqueos que afectan la movilidad y vulneran derechos fundamentales de terceros no pueden justificarse en un Estado de derecho. Pero reconocer esto no implica desconocer la legitimidad de las razones que hoy movilizan al campo colombiano. La causa es válida, aunque el método no siempre lo sea.
Lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica. Es la defensa de principios esenciales: la propiedad privada, la libre empresa, la seguridad jurídica. Sin estos pilares, no hay inversión ni prosperidad.
Colombia necesita retomar la sensatez y proteger al que produce; no castigarlo. Defender la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Este episodio debe servir como advertencia sobre el rumbo del país y como recordatorio de la importancia de elegir liderazgos con claridad en estos principios.
Ya tuvimos nuestra “pruebita” de comunismo. No nos volvamos a equivocar este 31 de mayo.
