Que en los últimos cinco años hayan tenido que cerrar sus puertas 760 colegios privados en el país requiere de un análisis bastante detenido, no solo por las diferentes causas que han propiciado el problema, sino por la forma en que se puede evitar esa avalancha que limita las posibilidades de estudiar a muchos sectores de la población.
Entendemos que la tasa de natalidad pesa: al nacer menos niños, el número de matriculados tiene que bajar; pero no es la única causa. Existen otras, como el factor de la deserción de estudiantes provocado por múltiples circunstancias y que afecta al 3,93 % de los alumnos de colegios oficiales y al 2,89 % en los privados, para un promedio nacional de 3,9 %. También influyen la disminución de matrículas, las dificultades económicas de las familias en un país que registra al 55 % de los trabajadores ocupados en la informalidad y un desempleo que llega al 8,8 %, además de lo que ahora se suma: el problema de la salud mental, en donde se estima que uno de cada siete adolescentes sufre algún trastorno mental diagnosticable.
Pero a la cifra de establecimientos educativos cerrados se le suma otra igualmente preocupante: el 20 % de los colegios privados opera con el 50 % de su capacidad y el 98 % registra algún grado de disminución, lo que indica una infraestructura subutilizada que representa una gran inversión. Esta situación ha llevado a los colegios a explorar otras alternativas de recursos, como el arrendamiento de instalaciones para otros fines o el diseño de eventos que signifiquen ingresos adicionales.
El primero de los factores, la natalidad, es inevitable; pero los otros sí se pueden evitar y corresponde a las autoridades trabajar con profesionalismo y dedicación para resguardar a la población en edad escolar, de manera que esté en capacidad de completar sus ciclos y recibir el conocimiento necesario para ser útil a la sociedad.
Y debemos detenernos en la presencia de afectaciones psicológicas y psiquiátricas, pues la sociedad de hoy está amenazada por grandes peligros presentes en el entorno de los estudiantes, que terminan perturbándolos y alejándolos de los programas de capacitación, convirtiéndose, de paso, en un grave problema para las respectivas familias. Situaciones como un cuadro familiar inapropiado, el bullying escolar, la falta de nutrición, la presencia de drogas, el abuso de los instrumentos tecnológicos y las redes sociales, la imposibilidad de acceso a herramientas de aprendizaje y muchas más nos llevan a pensar que se requiere con urgencia una presencia más activa del Estado, que permita identificar problemas, diseñar correctivos y establecer programas que faciliten las condiciones para que los estudiantes puedan asistir a las aulas y asimilar el conocimiento de forma adecuada
