transparencia por Colombia ha publicado un interesante documento denominado “Recomendaciones en materia de lucha contra la corrupción para campañas presidenciales 2026-2030”, un insumo imprescindible en materia de lucha contra la corrupción para tener en cuenta en el próximo cuatrienio presidencial.
El próximo presidente de Colombia tendrá la tarea urgente de recuperar la confianza ciudadana y reconstruir la capacidad estatal para prevenir y combatir la corrupción de manera sistémica y objetiva, teniendo en cuenta el panorama actual, donde los pobres avances en materia de transparencia y la creciente percepción de tolerancia del presente gobierno frente a evidentes casos de corrupción en su gestión deslegitimaron el discurso anticorrupción transmitido desde su campaña.
Los indicadores internacionales confirman ese panorama. Colombia obtuvo solo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción 2025 de Transparencia International. Además, el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos calificó con apenas 33 sobre 100 la gestión del Gobierno en la reducción de la corrupción, mientras el World Justice Project también registró un deterioro en los indicadores de Estado de derecho y de ausencia de corrupción.
Para mejorar estas condiciones, la primera recomendación que expone Transparencia por Colombia, como entidad experta, es el ejercicio de un liderazgo ético coherente. La lucha contra la corrupción debe pasar del discurso a la acción, con decisiones de alto gobierno en términos de nombramientos de cargos estratégicos bajo criterios de mérito y experiencia, además de control de conflictos de interés y cero tolerancia frente a funcionarios cuestionados.
Igualmente, será indispensable fortalecer la arquitectura institucional anticorrupción, fortaleciendo las capacidades de los entes de control y promoviendo la creación de una entidad de orden nacional con autonomía presupuestal para impulsar acciones decididas de prevención y control de la corrupción de alto nivel.
En materia de transparencia en la contratación pública, se proponen importantes estrategias para disminuir los riesgos de corrupción, como la reducción de entidades sometidas a regímenes especiales; la aplicación de los estándares del Estatuto General de Contratación en las entidades de régimen especial, con el fin de favorecer procesos de contratación realmente competitivos; y establecer reglas para la ejecución y subcontratación de recursos transferidos por medio de convenios interadministrativos, así como garantías de publicación de toda la información contractual asociada.
El nuevo Gobierno deberá no solo castigar, sino crear estrategias de prevención. Proteger denunciantes, blindar la financiación electoral, garantizar el acceso a la información pública y mejorar la transparencia presupuestal también serán medidas indispensables en los próximos años.
Se espera que el próximo presidente de la República adopte una actitud receptiva frente a las recomendaciones formuladas por expertos y organizaciones especializadas, con el propósito de impulsar avances concretos y sostenibles en la lucha contra la corrupción, uno de los principales desafíos y preocupaciones del país.
