En lo público hay errores administrativos que se explican por la complejidad de la gestión pública, y hay otros que simplemente resultan incomprensibles porque ocurren a pesar de que la norma es clara, las advertencias existen y las consecuencias son perfectamente previsibles.
Éste parece ser el caso de los 16 funcionarios destituidos por el alcalde encargado Javier Sarmiento, en plena época de ley de garantías electorales previo a elecciones atípicas en Bucaramanga.
La directiva de la Procuraduría era clara, además, existen conceptos jurídicos y antecedentes judiciales que advertían sobre la prohibición de modificar la nómina durante el periodo electoral.
En otras palabras, la administración no se estrelló contra una norma oscura o ambigua, se estrelló contra una prohibición que estaba escrita, advertida y ampliamente conocida. Lo más grave es que hoy los ciudadanos comienzan a conocer el costo de este equivocación
La declaratoria de insubsistencia de 16 funcionarios públicos en contra de las claras advertencias de la directiva de la Procuraduría, le va a costar al municipio de Bucaramanga aproximadamente 500 millones de pesos. Todo gracias a una decisión torpe, caprichosa y arrogante del entonces alcalde encargado Javier Sarmiento.
La administración pública exige prudencia, conocimiento jurídico y respeto por la ley. No basta con ocupar temporalmente un cargo para ejercer el poder, también se requiere conocer sus límites. Cuando un gobernante decide pasar por encima de una norma clara, la factura termina llegando y como ocurre demasiadas veces en Colombia, quienes reciben la cuenta, no son los responsables de la decisión, sino los ciudadanos que financian el funcionamiento del Estado con el fruto de su trabajo.
Y todo esto se da por alguien que decidió que las restricciones legales no merecían ser tomadas en serio.
Lo verdaderamente preocupante es la ligereza con la que algunos servidores públicos manejan recursos que no les pertenecen. Cuando el dinero es público pareciera que desaparece el sentido de responsabilidad. Si el error cuesta millones no importa, si hay que pagar una conciliación tampoco, si el municipio termina enfrentando una demanda, siempre habrá una partida presupuestal para cubrir las consecuencias.
Pero este dinero tiene dueño, es el dinero de los ciudadanos que trabajan, producen, pagan impuestos y esperan que la administración actúe con responsabilidad. Por eso los Bumangueses tienen derecho a preguntar quién tomó la decisión, quién la recomendó, quien ignoró las advertencias jurídicas y quién responderá por el daño ocasionado al patrimonio público.
La ley de garantías existe precisamente para evitar abusos y manipulaciones durante los procesos electorales, saltarse esa restricción no fue una muestra de liderazgo, fue una demostración de imprudencia administrativa. La administración del alcalde Portilla debe iniciar las acciones correspondientes contra los funcionarios que cometieron tal imprudencia.
