Cada cuatro años escuchamos como, en cada campaña política, se anuncia el mismo compromiso: combatir la corrupción. Se prometen grandes cambios y grandes reformas. Sin embargo, los avances logrados en la materia no han sido significativos. Este gobierno tiene en sus manos una gran oportunidad para demostrar que esta vez puede ser diferente. Curiosamente, no se requiere una reforma constitucional ni una ley compleja. Solo se necesita voluntad política.
La primera gran decisión que debería tomar el gobierno entrante, seria la de declarar el fin de los famosos “contrataderos”
La historia ha demostrado con numerosos casos, como se ha facilitado la pérdida de millonarios recursos públicos gracias a los “contrataderos”, o dicho en términos mas técnicos: entidades públicas que, amparadas en regímenes especiales de contratación y en manuales elaborados por ellos mismos con procedimientos exprés que limitan la libre competencia y que permiten contratar prácticamente a “dedo” millonarias cuantías, bajo la apariencia de transparencia, cuando en realidad todo esta definido desde el comienzo. Formalmente, odo aparenta legalidad; materialmente, la selección objetiva desaparece.
Cuando la competencia desaparece, desaparecen también los incentivos para ofrecer mejores precios, mayor calidad y mejores resultados para el Estado. Como ciudadanos, terminamos pagando más por obras y servicios que, muchas veces, ni siquiera cumplen con los estándares de calidad esperados. Por eso la lucha contra la corrupción debería empezar precisamente aquí.
Para este gobierno eliminar los contrataderos, además de tener efectos reales sobre la eficiencia del gasto público, produciría una victoria temprana en materia de transparencia, Significaría recuperar uno de los principios fundamentales de la contratación pública: que todos los interesados puedan competir en igualdad de condiciones y que el ganador sea quien presente la mejor propuesta para el interés público, no quien tenga el mejor padrino político o conozca de antemano los requisitos diseñados para favorecerlo.
Además, esto sería un mensaje contundente para el sector productivo. Miles de empresas colombianas desisten de participar en procesos públicos de contratación porque perciben que muchas convocatorias ya tienen dueño. Recuperar la confianza en la contratación estatal también significa abrir oportunidades para empresarios que hoy simplemente no participan porque consideran que competir es inútil.
Lo más importante es que esta decisión depende exclusivamente del ejecutivo. Por eso, el verdadero cambio no comienza creando nuevas normas; ni prometiendo mas transparencia, comienza cerrando las puertas por donde históricamente se ha colado la corrupción.
Si el gobierno entrante quiere ofrecer una primera prueba de su compromiso con la Transparencia, pocas decisiones tendrían un impacto tan inmediato como el de acabar definitivamente con los contrataderos. Esta sería la primera gran demostración de que la voluntad política puede hacer más que cualquier reforma.
