Las campañas políticas operan como grandes analgésicos sociales. Durante el frenesí electoral, el país se sumerge en una anestesia colectiva donde las promesas de asfalto y los discursos de tarima lo llenan todo. Pero la fría realidad de transición llegó, y el presidente electo, De La Espriella, se apresta a asumir un Estado que no se gobierna con adjetivos ni litigios mediáticos, sino con realidades fiscales y un complejo entramado de derechos que, a su proyecto, le resultan profundamente incómodos.
Hace un tiempo advertía sobre el peligro de una Asamblea Constituyente que borrara el acumulado jurisprudencial de la Corte Constitucional; una lucha de tres décadas que convirtió la letra muerta en derechos reales. Hoy, bajo la sombra felina que se alista para rugir, el peligro no viene de un cambio de reglas, sino de la intención de asfixiar el tablero.
El inventario de la “incomodidad” estatal se ha expandido. Ya no se trata solo del desmonte sistemático que la nueva hegemonía moral planea para el aborto o la eutanasia; ahora alcanza las fibras de la autonomía individual y colectiva. Resulta incómodo el libre desarrollo de la personalidad, porque la diversidad es catalogada como agravio al orden tradicional bajo el rótulo de “ideología de género”, corriendo el riesgo del silenciamiento administrativo.
A esto se suma la incomodidad frente al debido proceso y la justicia restaurativa: bajo una narrativa que equipara garantismo con impunidad, el derecho penal debe ser puramente punitivo. Así, los beneficios procesales y los mecanismos de verdad y reparación se ven como concesiones inaceptables, amenazando con convertir el sistema penal en una herramienta de retaliación ideológica.
También estorba la educación construida desde el pensamiento crítico. El modelo de vouchers y la asfixia financiera a la universidad pública no son simple austeridad; son una estrategia para privatizar el disenso. Convertir la escuela pública —germen del debate— en un bien de consumo es domesticar el criterio.
En Santander, los gremios celebran el fin de las “trabas ambientales” exigiendo la reactivación del fracking en Puerto Wilches. Para el pragmatismo extractivista, los derechos de la naturaleza, los ríos y los páramos son enemigos del PIB y simples obstáculos burocráticos.
Incluso opinar muta hacia el peligro: en un entorno hiperpresidencialista, la veeduría ciudadana y la crítica periodística son catalogadas como conspiraciones, convirtiendo el disenso en un ejercicio de alta peligrosidad jurídica.
El sistema falla cuando el Ejecutivo institucionaliza el prejuicio electoral. Gobernar una república laica exige proteger las libertades más incómodas; el futuro no se medirá por la infraestructura pavimentada, sino por la capacidad ciudadana de defender la diversidad frente al olvido. Ante la imposición de dogmas que pretendan desoír la realidad de los derechos, la postura democrática es clara: se obedecerá, aunque no se cumpla.
