En varias oportunidades he escrito sobre la enorme responsabilidad que asumen quienes deciden servir desde un cargo público. Gobernar no consiste únicamente en tomar decisiones. También implica responder por ellas. Esa es una de las bases del Estado de derecho y una condición indispensable para que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones.
Durante los últimos cuatro años vimos desfilar, casi semanalmente, denuncias sobre corrupción, direccionamiento de contratos, tráfico de influencias, crecimiento desmedido de la burocracia y utilización política de las entidades del Estado. Lo verdaderamente preocupante no fue únicamente la magnitud de los escándalos; fue la sensación permanente de impunidad. Los titulares cambiaban cada semana, pero pocas veces conocimos actuaciones contundentes contra quienes presuntamente habían abusado del poder que les fue confiado.
Hoy comienza una nueva etapa. El proceso de empalme representa mucho más que el relevo entre dos gobiernos. Es la oportunidad de revisar con rigor el estado real de la administración pública, identificar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades a que haya lugar.
Esa tarea no debe entenderse como una persecución política. Debe asumirse como un ejercicio de responsabilidad institucional, en el que cada servidor público responda por sus decisiones y por el uso que dio a los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Solo así será posible recuperar la confianza de los ciudadanos en un Estado donde ejercer el poder no sea un privilegio, sino una responsabilidad que también exige rendición de cuentas.
Celebro que el presidente electo haya encomendado la dirección del empalme a José Manuel Restrepo y a un equipo con experiencia técnica y administrativa. Tengo la ilusión de que este trabajo permita establecer con precisión qué recibe el nuevo gobierno y que, cuando existan evidencias de conductas contrarias a la ley, sean los organismos competentes quienes actúen con toda la contundencia que permiten la Constitución y la ley.
Colombia necesita investigar las redes de corrupción que se enriquecieron con los recursos públicos, perseguir el patrimonio obtenido ilegalmente y recuperar los bienes que hoy se encuentren en manos de testaferros o socios de quienes utilizaron sus posiciones para apropiarse del erario. También necesita desmantelar las estructuras criminales que sostienen el contrabando, el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.
La lucha contra la corrupción no puede quedarse en discursos de campaña. Debe traducirse en investigaciones serias, procesos transparentes, sanciones cuando haya lugar y recuperación efectiva de los recursos que pertenecen a todos. Cada peso robado representa una escuela, un hospital, una carretera o un acueducto que dejó de construirse.
Durante demasiado tiempo vimos actuar a muchos convencidos de que el poder les garantizaba impunidad. Llegó la hora de demostrar que en Colombia la autoridad también implica responsabilidad. Confío en que las promesas de Abelardo de la Espriella se conviertan pronto en acciones firmes, contundentes y definitivas.
