A 17 meses de terminar los gobiernos locales, debemos preguntarnos si los planes de desarrollo de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta lograron materializar soluciones para los ciudadanos metropolitanos. La respuesta, categóricamente, es NO. ¿La razón? Al revisarlos, identifiqué grandes diferencias entre lo que plantean y la visión metropolitana que los ciudadanos necesitan.
Los cuatro comparten diagnóstico, pero no comparten decisión. Coinciden en describir los mismos problemas (crisis del transporte masivo, saturación de El Carrasco, déficit de espacio público, contaminación del río de Oro), porque comparten territorio y fuentes de información. Esa convergencia se agota allí: no se traduce en instrumentos, metas ni recursos comunes.
Cada municipio invoca de forma distinta el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Dime tu Plan” 2016–2026, hoy por vencerse: Bucaramanga lo cita correctamente; Girón lo complementa con el PEMOT 2019–2049, el Plan Maestro de Movilidad y el de Saneamiento Hídrico; Piedecuesta remite a acuerdos metropolitanos aislados; y Floridablanca menciona los hechos metropolitanos en el diagnóstico, pero su armonización se limita a los ODS y al Plan Nacional de Desarrollo.
A ello se suma un vacío decisivo: el PIDM sí formuló metas metropolitanas con línea base para sus 45 programas, pero ningún plan municipal las adoptó. Todos los indicadores provienen del catálogo MGA y son municipales.
Lo más grave es la omisión de contingencias hoy materializadas. Ya en 2016, el PIDM advertía que era “casi imposible prever la continuidad” de Metrolínea. En 2024, solo el plan de Bucaramanga recogió el pasivo litigioso y admitió la liquidación como escenario plausible. Ocurrió: el Concejo facultó al alcalde para liquidar el ente gestor y el Área Metropolitana asumió el control de la movilidad en los cuatro municipios, con una transición estimada entre 18 y 24 meses que aún no concluye. Los otros tres no lo mencionaron ni lo provisionaron: ignoraron una advertencia escrita una década antes.
Igual ocurre con los residuos. Los cuatro disponen en El Carrasco, con orden judicial de cierre y permiso ambiental hasta el 1 de abril de 2027, sin alternativa para las cerca de mil toneladas diarias que genera el área metropolitana. La reducción ordenada del 15 % no se alcanza y las cifras oficiales muestran un incremento constante. El PIDM preveía integrar los PGIRS municipales en uno metropolitano y crear un fondo de solidaridad común; nadie lo hizo.
Solo se salva la PTAR Río de Oro, contraejemplo que confirma el diagnóstico. La ANLA otorgó la licencia ambiental y el CONPES 4173 garantizó $1,29 billones entre 2027 y 2035, con vigencias futuras confirmadas por Hacienda y con EMPAS como ejecutor. Ninguno de los cuatro planes la apalancó: avanzó porque la competencia estaba en una empresa supramunicipal con patrimonio propio y el financiamiento vino de la Nación, no de la concurrencia voluntaria de cuatro alcaldías. La diferencia con El Carrasco es exacta: donde la decisión depende de que cuatro municipios se pongan de acuerdo, se acumulan décadas sin solución para los ciudadanos metropolitanos.
