Colombia atraviesa por unos días en los que no solamente tiembla el suelo, sino nuestra psique colectiva. Tras los recientes movimientos telúricos que dejaron en luto al país, es comprensible que nos encontremos en un estado de hipervigilancia o hiperalerta. Cualquier crujido en la pared o el paso de un camión pesado dispara las alarmas del instinto de supervivencia. Regalo de la evolución que nos llevó a sapiens.
En medio de esta fragilidad instalada en la sociedad, uno esperaría que las instituciones que representan a los ciudadanos demostraran un mínimo de sensatez, pedagogía cívica y apego a los protocolos de seguridad. En su lugar, el Congreso de la República ofreció un espectáculo absurdamente burocrático y absolutamente irresponsable.
Esta semana, mientras la tierra se movía con epicentro en Santander y a tan solo 16 días de la tragedia del occidente colombiano, el Congreso —que debatía alguna de sus chucherías— no paró la sesión para aplicar los protocolos de evacuación que se le exigen a cualquier escuela de barrio, a una empresa o a una iglesia en plena misa o culto, sino que sometió a votación una proposición para decidir si asumían o no el protocolo. Hágame el favor.
Con la solemnidad con la que se tramita una reforma tributaria, los honorables parlamentarios se tomaron el tiempo de contar votos para decidir si salían o no del edificio. Más surrealista aún es que la votación por acogerse a los protocolos de seguridad que se le exigen a los ciudadanos ante una emergencia perdió en las urnas.
El episodio sería un capítulo más de nuestra tragicomedia democrática si no fuera por el pésimo mensaje que se le envía al país. La gestión del riesgo no es un asunto de deliberación, ni mucho menos de mayorías. Cuando la tierra tiembla, la evacuación ordenada y preventiva es una norma innegociable, diseñada para salvaguardar la vida.
Ver a los representantes del pueblo vacilar y burocratizar el instinto de preservación desbarata todos los esfuerzos de la sociedad civil y de las instituciones por hacer pedagogía. Durante décadas se ha intentado construir una cultura de prevención sísmica mediante simulacros; todo esto no se puede convertir en un mero tedio, como cuando dan las instrucciones en el avión y aprovechamos esos últimos minutos antes de despegar para ver el celular.
¿Con qué autoridad moral se le puede exigir a los ciudadanos que se tomen en serio estas indicaciones ante una emergencia, si desde el Capitolio se transmite la idea de que la sensatez es optativa? O bien, puedan los Honorables entonces, si creen tanto en la eficacia de su burocracia, tramitar una Ley que de una vez por todas prohíba los terremotos en Colombia; así nos libramos de esto. Amén.
