Publicado por: Editorial
La reciente elección de los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030 ha concluido y sus resultados no hacen sino confirmar la naturaleza esencialmente política de esta corporación, pues siempre termina reflejando la composición de fuerzas en el Congreso y no el mérito técnico e independiente que deberían tener los magistrados. Es decir, la puja de cuotas partidistas y negociaciones de última hora es el mecanismo por el que se elige a quienes deben velar por la imparcialidad de los comicios, lo que es una paradoja insostenible.
Esta conformación del CNE plantea un escenario complejo, pues la capacidad de la nueva mayoría entre los magistrados para tomar decisiones sin un contrapeso significativo exige un escrutinio público constante y riguroso sobre todos sus actos, no por prejuicios sobre la honorabilidad individual de los recién elegidos, sino porque hay que saber que la confianza en una institución no se decreta, se demuestra. Por eso, la ciudadanía y los demás poderes del Estado deben estar atentos a que cada resolución, cada investigación y cada pronunciamiento del CNE se ajuste estrictamente a la ley y a los principios técnicos que demanda su función.
El CNE, como árbitro de la democracia, tiene en sus manos nada menos que la responsabilidad de administrar la confianza pública en el sistema, por lo que demandar transparencia en sus actuaciones es una condición necesaria para la estabilidad institucional. Por ello, es imprescindible que sus procesos sean abiertos, que sus decisiones sean motivadas con claridad y que cualquier sospecha de favoritismo sea despejada pública, inmediata y contundentemente, pues la democracia colombiana no puede seguir permitiendo que su máxima autoridad electoral se vea como un apéndice de la clase política.
Necesariamente, la solución de fondo involucra un rediseño estructural de la autoridad electoral que debe abordarse con urgencia desde el Congreso, donde se ha sugerido reemplazar el CNE por una Corte Electoral, con un mecanismo de elección más transparente y menos dependiente de las mayorías circunstanciales, propuesta que merece un debate serio y profundo, ya que no basta con hacerle revisiones parciales al sistema actual, sino que se necesita una transformación de principio a fin que garantice la independencia de sus miembros y la credibilidad de sus fallos.
Las voces que exigen una reforma política y electoral integral son cada vez más numerosas y no pueden seguir siendo ignoradas. Iniciativas como la de la financiación estatal de las campañas o el establecimiento de listas cerradas son parte de un paquete de cambios que buscan oxigenar el sistema, pero del que la reconfiguración del CNE ha quedado siempre por fuera.
La elección de los magistrados por parte del Congreso es un acto que vicia de origen la independencia de la corporación, pues estos responderán, en mayor o menor medida, a quienes los llevaron al cargo. Mientras este mecanismo se mantenga, la sombra de la duda siempre estará presente, minando la autoridad moral del CNE para sancionar o investigar a los actores políticos.
