Publicado por: Editorial
En la vía a Girón hay 37 accidentes registrados solo hasta julio de este año, algo que, desgraciadamente, no debe sorprender a los ciudadanos que conocen y padecen la realidad de la movilidad en el área metropolitana. Este corredor entre Bucaramanga y Girón, en el que miles de personas invierten a veces hasta dos horas en un trayecto de 12 kilómetros, es una de tantas evidencias de una falla estructural provocada por una planificación paquidérmica, desbordada por un parque automotor que crece sin medida y, por supuesto, sin control.
Y mientras en la autopista a Girón los siniestros aumentan, el resto de los principales corredores del área muestran cifras igualmente preocupantes, con 27 casos en la vía al Norte y 24 en el Anillo Vial. Este panorama evidencia que ninguna de las entidades de tránsito municipales, ni siquiera la de Bucaramanga que cuenta con un observatorio propio, logra contener la siniestralidad, evidentemente porque el problema es sistémico y requiere un diagnóstico que supere las fronteras administrativas, pues los vehículos no entienden de límites municipales y la movilidad es un fenómeno que integra a toda la zona.
Con más de un millón de vehículos en el área metropolitana, 85 % motocicletas, la movilidad ha cambiado radicalmente, sin que haya habido una expansión equivalente de la infraestructura vial ni un fortalecimiento de los sistemas de control y sanción. Las direcciones de tránsito actuales operan con recursos limitados y herramientas reducidas, lo que las ha dejado inhabilitadas para ejercer una autoridad efectiva sobre un flujo vehicular que es esencialmente metropolitano.
La ausencia de un sistema de transporte público confiable es una raíz profunda de este problema, pues la debacle del Sitmm ha empujado a la ciudadanía a buscar alternativas irregulares, saturando las vías con automóviles y motocicletas que circulan sin descanso, de tal manera que se hace obvio que la solución, además de la modernización de las vías, está en un transporte público digno, eficiente y competitivo, además de que, mientras cada municipio gestione aisladamente su propio tránsito, la planificación integral estará condenada al fracaso y la accidentalidad seguirá repuntando.
La creación de una dirección de tránsito metropolitana es, hace mucho tiempo, una necesidad imperiosa que podría recuperar el control sobre el caos vehicular, siempre y cuando se le provea de recursos suficientes y herramientas tecnológicas y legales que le permitan cumplir sus funciones con eficacia. La experiencia demuestra que la fragmentación administrativa propicia la anarquía del parque automotor, en tanto una autoridad única podría implementar políticas de gestión de velocidad y puntos de control, por ejemplo, que hoy resultan inviables por la dispersión de competencias.
La persistente oposición a estos procesos de unificación metropolitana suele apelar a la autonomía municipal, pero esta argumentación resulta incoherente cuando se enfrenta a la realidad de los siniestros viales. La dirección metropolitana de tránsito no necesariamente significa la desaparición de las oficinas locales, sino su coordinación bajo un mando unificado que establezca estándares mínimos y que pueda desplegar operativos conjuntos en los puntos críticos como el corredor a Girón. Una dirección metropolitana podría focalizar sus esfuerzos en este corredor con campañas específicas y tecnología de control que hoy se diluyen en la multiplicidad de autoridades.
Es necesario entender que la movilidad es un asunto de seguridad pública que no admite demoras, pues la terquedad en rechazar esa entidad integrada no es más que una muestra de la incapacidad de la dirigencia para adaptarse a la magnitud del problema y de su indolencia ante las fatales consecuencias que acarrea, porque el parque automotor seguirá creciendo y, con él, la siniestralidad, si no se toman estas decisiones de fondo. Los ciudadanos que pierden horas en sus desplazamientos o, peor aún, que son víctimas de un accidente, requieren acciones efectivas de una autoridad que asuma, de verdad, la responsabilidad de protegerlos y de mejorar su calidad de vida.
