Gustavo Petro ya no es presidente. Se acabaron los discursos, las promesas y explicaciones sobre lo que algún día se iba a hacer. Llegó el momento de sacar cuentas. Y las cuentas que quedaron pendientes son grandes.
Un gobierno no debería medirse por sus intenciones, sino por el país que entrega después de cuatro años en el poder.
Empecemos por las finanzas públicas: No hace falta ser economista para entender el problema. Para 2026, el Estado proyectaba gastar cerca de $478 billones, pero recibe alrededor de $359 billones. Una diferencia cercana a $120 billones.
¿De dónde sale la plata que falta? De más deuda, nuevos ingresos o de recortar gastos.
Es lo mismo que ocurre en cualquier hogar: cuando se gasta mucho más de lo que entra, tarde o temprano alguien tiene que pagar la cuenta.
La segunda factura está en la salud: Petro llegó prometiendo transformar el sistema. Cuatro años después, conseguir una cita, encontrar un medicamento o recibir oportunamente una autorización, se volvió una tarea mucho más complicada.
Para quien está enfermo poco importa quién ganó el debate ideológico, le importa que lo atiendan. Esa debería ser la medida de cualquier reforma: si el ciudadano terminó recibiendo un mejor servicio.
La tercera factura está en la seguridad: La llamada Paz Total fue una de las banderas del gobierno Petro. Al terminar su mandato, la pregunta no es cuántas mesas de negociación instaló, sino cuánto control efectivo conserva el Estado sobre el territorio.
Extorsiones, desplazamientos, confinamientos, secuestros y disputas entre organizaciones criminales continuaron golpeando distintas regiones.
La paz no puede consistir en que los grupos ilegales negocien mientras fortalecen sus estructuras o amplían sus negocios criminales. Se mide de una manera mucho más sencilla: en la tranquilidad con la que pueden vivir los ciudadanos.
Hay además otra factura que no aparece en ningún presupuesto: la confianza.
El gobierno que prometió una nueva forma de hacer política terminó enfrentando escándalos, investigaciones, corrupción y cuestionamientos alrededor de personas cercanas al poder.
Dejó una enorme distancia entre anunciar y ejecutar. Gobernar no consiste en anunciar que se va a cambiar el país. Gobernar es lograr que los proyectos se materialicen.
Ahora Colombia necesita conocer claramente qué recibió el nuevo Gobierno: cuánto debemos, cómo quedaron las cuentas de la salud, qué proyectos están sin terminar, qué obligaciones quedaron pendientes y cuál es la situación real de seguridad en los territorios.
Ese inventario debe ser público. Petro tuvo cuatro años para ejecutar el cambio que prometió. Ya no hay que juzgar sus intenciones. Hay que mirar los resultados.
Y preguntarnos: ¿Cómo recibió el país, cómo lo entregó y cuánto tendremos que pagar los colombianos por lo que quedó pendiente?
