Hay derrotas que terminan cuando se cuentan los votos. La de Gustavo Petro en 2026 no. Apenas perdió su candidato, Petro volvió al libreto que ya había utilizado tras su derrota frente a Iván Duque: denunciar fraude electoral.
La contradicción es evidente. Cuando ganó la Presidencia en 2022 no cuestionó la legitimidad del sistema que acababa de elegirlo; cuando pierde, en cambio, las sospechas regresan.
Esa recurrente narrativa del fraude ayuda a entender una de las peleas más feroces de su gobierno: la que libró contra Thomas Greg & Sons.
La empresa colombiana, especializada en documentos y procesos de alta seguridad, llevaba cerca de dos décadas produciendo los pasaportes del país. Pero tenía otra característica fundamental para entender esta historia: era también uno de los principales operadores de la logística electoral en Colombia.
Petro no iba solo detrás de los pasaportes: quería sacar a Thomas Greg de las elecciones. Convertir el contrato de los pasaportes en un escándalo permanente servía también para desacreditar a la empresa que pretendía apartar del proceso electoral.
Eso explica la dimensión que alcanzó una controversia que, en principio, era de carácter contractual.
Durante cuatro años vimos de todo: presiones, extorsiones desde la Superintendencia de Industria y Comercio, escándalos, seguimientos ilegales e investigaciones. Incluso funcionarios que se negaron a obedecer decisiones que consideraban ilegales terminaron declarados insubsistentes, y hasta un excanciller resultó imputado por corrupción.
Una ofensiva que retrata una forma de ejercer el poder que Petro nunca dejó atrás: identificar a quien se interpone en su camino, arrinconarlo y utilizar todas las herramientas disponibles para doblegarlo.
Con las elecciones no lo consiguió; con los pasaportes sí logró imponer su modelo, al menos a corto plazo. Y ahora empezamos a pagar la factura.
Esta semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente dos convenios del nuevo esquema. A los cuestionamientos jurídicos se suma un dato demoledor: producir cada libreta le cuesta hoy a la Cancillería cerca de un 30 % más.
Un colombiano paga entre $180.000 y $190.000 por su pasaporte. Ese dinero entra al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que paga la producción del documento y utiliza el excedente para financiar embajadas, consulados y otros gastos de la Cancillería en el exterior.
Con el modelo anterior, producir, personalizar y distribuir cada libreta costaba menos de $100.000. Quedaban algo más de $80.000 para el Fondo. Ahora cuesta entre $132.000 y $137.000. Son entre $32.000 y $37.000 menos por cada pasaporte para financiar nuestra operación diplomática. Multipliquen esa diferencia por millones de documentos.
¿Quién cubrirá lo que falte? El presupuesto nacional. Es decir, todos los colombianos con nuestros impuestos.
Y, por si fuera poco, el autoproclamado «Gobierno del Cambio», que tanto habló de fortalecer la producción nacional, terminó haciendo exactamente lo contrario.
Antes, el proceso se hacía en Colombia: generaba empleo local, pagaba impuestos aquí y se pagaba en pesos. Ahora parte de la producción está en Portugal y Francia. Pagamos en euros, asumimos costos de importación, nacionalización y transporte y, además, un riesgo cambiario que antes no existía.
Pagamos más para producir afuera lo que antes producíamos en casa.
Y semejante costo para Colombia obliga a volver al origen de esta batalla. Petro podía intentar sacar a Thomas Greg de las elecciones, pero desacreditarla también le resultaba funcional: si perdía, ya tenía a quién señalar. Petro sabe mejor que nadie cuánto rédito político le ha dado la victimización. Tras la derrota volvió a hacerlo: denunció fraude y se presentó como víctima del mismo sistema que cuatro años antes lo había llevado a la Presidencia.
La pregunta, entonces, es muy sencilla: tras cuatro años de semejante ofensiva, ¿este negocio a quién benefició?
Porque a Colombia, claramente, no.
¡Vaya negociazo!
