Una persona con discapacidad intelectual puede sentarse frente a fiscales, jueces y abogados sin comprender la dimensión de lo que ocurre a su alrededor. Puede responder preguntas, obedecer instrucciones y hasta decir que entendió. El proceso seguirá avanzando y cada actuación tendrá fecha, firma y constancia. Formalmente, todo puede parecer normal. El problema es que administrar justicia exige más que nutrir un expediente.
Cuando en un proceso penal aparecen antecedentes médicos, comportamientos o valoraciones profesionales que revelan limitaciones cognitivas, nadie debería mirar hacia otro lado. Mucho menos quienes tienen en sus manos la defensa, la investigación o las decisiones que pueden afectar la libertad de esa persona.
El primer llamado es para los abogados. Defender no consiste en asistir a audiencias, presentar recursos y conocer los términos. Si existen circunstancias que comprometen la capacidad de comprensión o autodeterminación del procesado, hay que advertirlas, documentarlas, solicitar las valoraciones y dejar constancia.
La Fiscalía también tiene responsabilidades. Ser titular de la acción penal no otorga licencia para enamorarse de una teoría del caso. Si aparece evidencia científica que modifica las condiciones bajo las cuales se atribuyó una conducta, lo razonable es revisar la hipótesis y determinar si puede sostenerse. Habrá casos en que corresponda examinar una eventual inimputabilidad y otros en que deba investigarse si la persona fue utilizada por terceros aprovechándose de su condición. En cualquier caso, las actuaciones deberán adelantarse de manera que el procesado pueda comprender, dentro de sus posibilidades, qué ocurre y ejercer su derecho de defensa. Lo inadmisible es guardar el dictamen en una carpeta y continuar como si nunca hubiera existido.
Los jueces tampoco pueden limitarse a contemplar desde el estrado cómo el proceso cumple sus etapas. La igualdad y el debido proceso no significan ofrecer mecánicamente las mismas condiciones a todos, sino garantizar que cada persona pueda ejercer realmente sus derechos.
Estas omisiones producen daños. Los soportan una persona y su familia, que durante años deben sobrellevar angustia, incertidumbre y los efectos de decisiones que pudieron adoptarse de otra manera. Después vienen absoluciones, acciones contra el Estado y condenas patrimoniales. Entonces el daño que pudo evitarse termina pagándose con recursos públicos.
Por eso, fiscales, jueces y abogados no deberían tratar estas situaciones como particularidades del proceso ni pensar que nada ocurrirá. La discapacidad no puede convertirse en una anotación al margen mientras la maquinaria judicial sigue funcionando por inercia.
Administrar justicia también implica saber detenerse, revisar y corregir. Ignorar una evidencia que exigía actuar de otra manera puede comprometer derechos, causar daños irreparables a una persona y su familia y generar responsabilidad para el Estado. Al final, la indiferencia frente a lo evidente también tiene un costo, y podemos terminar pagándolo todos.
