Dieciséis escoltas para cuidar a una persona que sembró de terror el país durante tantos años y que hoy posa como el más honrado de los colombianos, no dejan de ser una afrenta pública a la que hay que poner en sus justas proporciones.
Nos duele la patria cuando uno contempla a ese grupo de bandidos paseando su impunidad a lo largo y ancho del país, sin que les importe un higo los niños que violaron, las familias que desplazaron, los asesinatos que cometieron, aquellos jóvenes que llevaron a la guerra contra su voluntad y los miles de secuestros con fines extorsivos que cometieron para financiar sus fechorías.
A nosotros se nos obligó a perdonar, pero nunca hemos podido ni debemos olvidar, y es que quien olvida su pasado corre el riesgo de volverlo a repetir, y ese es un lujo que no podemos darnos.
Cuesta ver cómo se les montó un remedo de justicia hecho a la medida, que durante 10 años ha demostrado su absoluta inoperancia manifiesta, que ha producido poquísimas decisiones, mientras que los verdaderos victimarios disfrutan su condición de padres de la patria y hoy reclaman que refuercen la protección del Estado para cuidar sus vidas, cuando todos ellos mataron a diestra y siniestra a todos aquellos que les estorbaban, sin ningún reato de conciencia y sin el menor remordimiento.
Y pretender hoy arreglarlo todo con una pedida de perdón, pero sin resarcir en lo más mínimo a los centenares o, mejor, a las miles de víctimas que dejaron a lo largo y ancho del país, y lo más grave, que aún están dejando, pues la paz que firmaron no fue tal, convirtiéndose en la ignominiosa jubilación de los jefes guerrilleros, porque el grueso de sus fuerzas continuaron como disidencias y hoy, observar cómo las Farc continúan tan vigentes como antes para zozobra de todos los colombianos, es un crimen de lesa humanidad.
Hablar de sanciones restaurativas en lugar de penas carcelarias terminó siendo una manera de legalizar una impunidad absoluta frente a los crímenes atroces cometidos por la guerrilla, mostrando una monstruosa diferencia entre el daño causado y la judicialización de los responsables.
Aterra la lentitud de la JEP que, durante 10 años de existencia, ha gastado un presupuesto billonario y, la verdad, es que no se ve qué ha hecho, lo cual nos lleva a pedir el desmonte de esa parafernalia, porque para garantizar la impunidad es mejor no hacer nada y dejarle eso al simple paso del tiempo.
Nos queda la esperanza de que ojalá la patria milagro corrija esa aberración y ponga la realidad en sus justas proporciones de justicia y reparación.
