Imagine que mañana lo acusen de un delito y que la prueba decisiva sea un informe científico que nadie se atreve a cuestionar. Usted insiste en su inocencia, pero frente a un sello oficial, unas fotografías aparentemente concluyentes y términos técnicos que apenas comprende, su palabra comienza a perder credibilidad.
Con frecuencia concedemos a los dictámenes forenses una credibilidad que proviene más del prestigio de quien los firma o de la institución que los respalda que de un examen riguroso de sus fundamentos. Sin embargo, la verdadera fuerza de una conclusión científica depende de que los métodos empleados sean confiables, los hallazgos verificables y las interpretaciones estén sustentadas.
Precisamente por eso, la intervención de un perito de la defensa puede cambiar el rumbo de una investigación. Su trabajo no consiste en desmentir al experto oficial por el simple hecho de haber sido contratado por la otra parte, sino en examinar si sus conclusiones realmente surgen de los hallazgos, identificar aquello que pudo pasarse por alto y plantear otras explicaciones que también merezcan ser investigadas. Porque cuando existen varias hipótesis posibles, el riesgo no está en que los expertos discrepen, sino en que una de ellas termine imponiéndose como verdad sin haber descartado seriamente las demás.
En las audiencias se presenta una situación que resulta difícil de justificar. Algunos peritos parecen creer que mientras más difícil resulte entenderlos, mayor será su autoridad. Se les formula una pregunta sencilla y responden con tantos tecnicismos que, al terminar, nadie sabe si realmente contestaron o si lograron que se olvidara lo que se les preguntó. El conocimiento científico exige rigor, pero también claridad, pues la verdadera capacidad de un experto se demuestra cuando puede explicar qué encontró, cómo llegó a sus conclusiones y cuáles son los límites de sus afirmaciones.
La claridad también debe ir acompañada de independencia. Si un perito descubre que su colega se equivocó, tiene el deber de señalarlo, aunque trabajen en la misma institución. Ni el compañerismo ni los vínculos laborales justifican guardar silencio frente a un error, porque su compromiso con la verdad debe prevalecer incluso sobre su propia opinión.
La Fiscalía no puede empeñarse en confirmar su teoría del caso a cualquier precio, ignorando las pruebas que la contradicen, ni la defensa conformarse con interrogar a los peritos oficiales sin controvertir técnicamente sus conclusiones y explorar hipótesis alternativas. Los expertos deben recordar que su compromiso es con la evidencia científica y no con quien solicita sus servicios. El acusado tiene derecho a que su responsabilidad se establezca mediante pruebas confiables y las víctimas merecen conocer la verdad sin distorsiones, porque la justicia pierde su sentido cuando importa más defender una versión que esclarecer los hechos.
