Nadie discute que devolverles el IVA a los más pobres sea una buena idea. El problema es que la propuesta del Gobierno está pensada para los supermercados y no para las tiendas de barrio, ya que el proyecto de Ley de Rescate Económico, subiría del 5 % al 19 % el IVA del café, el azúcar y las pastas. Si el impuesto se traslada completo, una libra de café de $20.000 pasaría a valer $22.700, y para compensar el sobrecosto se crearía la figura de EfectIVA, la cual promete devolverles el IVA a 19 millones de colombianos.
La cosa funciona así: primero, usted debe comprar con factura electrónica. Segundo, la factura debe llevar su cédula. Tercero, la DIAN suma ese IVA y el Estado se lo devuelve, con un tope de unos $288.000 al mes. Sin factura o sin cédula, la compra no cuenta. Y aquí es donde el cuaderno del fiado se queda por fuera porque no existe un medio electrónico.
Ahora imagínense a la señora de una tienda en cualquier barrio de Santander. ¿Cuántas veces esa señora expide factura electrónica con cédula por una libra de café? ¿Cuántos vecinos la piden cada mediodía? ¿La piden los que compran 500 pesos de arroz al día?
El proyecto garantiza un piso solo a quienes están en pobreza extrema, y no dice de cuánto. Los hogares que hoy reciben la compensación conservarían, al menos, ese valor. Los demás pobres recuperarían apenas lo facturado, tal cual lo dijo la contraloría en 2024, cuando advirtió que la actual devolución del IVA tenía una cobertura del 22 %, cuando el 67 % de los registrados en el Sisbén estaba en pobreza extrema o moderada: cerca de nueve millones de hogares. Y en cada ciclo, unos 200.000 beneficiarios jamás reclamaban la plata.
Por eso es bueno que los congresistas se pregunten cuántas facturas acumulan los pobres al día en las tiendas, y cuántas tiendas del sector rural están conectadas electrónicamente con la DIAN, porque la buena voluntad podrá permanecer en el papel, pero no en las casas de los más necesitados.
