Teniendo en cuenta los casos mencionados y sus consecuencias, no me queda duda de que la corrupción es el más destructor y generador de bloqueo al desarrollo económico, social y político de Santander y de Colombia, independientemente si el gobierno es de izquierda o de derecha.
En la pasada columna “Reflexiones 2025″ opiné sobre la necesidad de volver la lucha contra la corrupción, un propósito nacional. Estamos a tiempo y urge ahora que los aspirantes a la Presidencia de la República, están estructurando ideas, planteamientos y promesas.
¿Y por qué desde Santander debemos formular esta propuesta? Porque lamentablemente nuestra tierra, en las últimas décadas, ha sido víctima de la corrupción en contratos, celebrados desde el nivel nacional, departamental y municipal por gobernantes y funcionarios corruptos. Basta con relacionar algunos casos en los cuales, si bien es cierto la administración de justicia ha actuado, en otros, “haciendo honor al 90 % de impunidad”, lo ha hecho con lentitud y en otros casos ni siquiera se percató de la corrupción de la que todo el mundo hablaba y conocía.
De los contratos corruptos del nivel nacional está el caso Odebrech que suspendió, hace más de diez años, la construcción de 250 kilómetros de la doble calzada de la Troncal del Magdalena (Ruta del Sol) entre Puerto Araújo y San Alberto. Del nivel regional, la investigación que abrió la Fiscalía, después de 18 años, contra el coronel Aguilar por las obras de Panachi y también la investigación (que duerme profunda) por lo denunciado por la Secretaría de Infraestructura Departamental contra el exgobernador Richard Aguilar. Otra investigación inolvidable es la que a paso de tortuga enferma avanza contra Didier Tavera, enredado en los contratos del Programa de Alimentación Escolar. A nivel municipal, el caso del Manantial de Amor, se condenó a más de 20 años (en primera instancia) al exalcalde Lucho Bohórquez y a 7 funcionarios. Por último, el gran escándalo de corrupción del gobierno Petro, el de la UNGRD, dos de sus protagonistas, vergonzosamente son santandereanos: Carlos Ramón González y Sneyder Pinilla, exalcalde de Sabana de Torres.
Teniendo en cuenta los casos mencionados y sus consecuencias, no me queda duda de que la corrupción es el más destructor y generador de bloqueo al desarrollo económico, social y político de Santander y de Colombia, independientemente si el gobierno es de izquierda o de derecha. De otra parte, es imposible ignorar que los nuevos profesionales, estén pensando que el éxito profesional es directamente proporcional a la capacidad de sobornar y corromper funcionarios y, además, que hoy se adicione el partido de los contratistas, que financian campañas para alcaldes, gobernadores y presidente a cambio de la contratación de obras y proyectos. Pienso que la generación de los que hoy tenemos más de 70 años, está en deuda con las nuevas generaciones de colombianos, al entregarles un país con unas instituciones débiles, contaminadas e incapaces de luchar contra el cáncer de la corrupción. Señores precandidatos, frente a sus propuestas para combatir la corrupción…ESTAMOS EXPECTANTES.
