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opinion/columnistas/alexander arciniegas
Miércoles 05 de agosto de 2020 - 12:00 PM

Un fallo histórico

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Algo que indigna a la opinión pública es el doble discurso del presidente Duque también en materia ambiental. No solo hablo del incumplimiento de sus promesas de campaña en el tema Santurbán; sino de anuncios demagógicos como el que hizo desde Davos en enero pasado comprometiéndose a sembrar 180 millones de árboles.

La protección del agua y la biodiversidad en Colombia, con el 50% de los páramos del mundo y el 35% de la selva amazónica, debe ser una prioridad frente al cambio climático y más, luego de esta pandemia que evidenció nuestra fragilidad como especie. Sin embargo, en lugar de pensar en una estrategia de recuperación económica que aproveche de manera sostenible el potencial natural y cultural del país, el gobierno nacional acompañado de algunas élites regionales, quiere seguir con su destructiva “locomotora” impulsando el fracking y proyectos como los de Quebradona y MINESA, como si estos fueran la panacea para la reactivación.

La viceministra de Minas usa el argumento de los altos precios internacionales del oro para ocultar los irreparables daños de la megaminería en los páramos, fundamentales en la regulación y conservación del agua que bebe el 70% de los colombianos. Esto para no hablar de las irrisorias regalías y de la forma poco transparente como se calculan.

Afortunadamente, el vínculo entre el medio ambiente y DDHH es cada vez más estrecho internacionalmente y esto abre una ventana de oportunidad a quienes desde la sociedad promueven en todo el mundo, un verdadero desarrollo sostenible. El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 132 comunidades de las etnias wichi en la provincia argentina de Salta, es la primera condena a un Estado por la violación al derecho a un medio ambiente sano. Esta decisión histórica servirá para exigir a los gobiernos la protección del agua y la conservación medioambiental como garantía del derecho a la vida.

Una buena noticia para la lucha contra el cambio climático en el país con más ambientalistas asesinados en el mundo: Colombia.

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