Colombia necesita producir más alimentos. El año pasado el país registró un récord de importaciones con más de 15 millones de toneladas.
Colombia tiene una frontera agropecuaria que está subexplotada y el uso del suelo es supremamente ineficiente. La ganadería, según datos del DANE para 2019, ocupa cerca de 39 millones de hectáreas, mientras que las explotaciones agrícolas no superan los 5 millones de hectáreas. Esto pone de manifiesto dicha ineficiencia, pues prácticamente el 90% de la frontera está ocupada por una actividad que apenas representó el 20% de PIB agropecuario en 2024, mientras que el 10% está ocupada por cultivos transitorios y permanentes que explican el 75% del PIB sectorial.
Colombia necesita producir más alimentos. El año pasado el país registró un récord de importaciones con más de 15 millones de toneladas, explicadas en buena medida por las compras de cereales, especialmente, maíz y trigo. Y para producir más, los agricultores de todos los tamaños y de todos los sectores necesitan no solamente de financiamiento sino de certidumbres y garantías para adelantar sus actividades.
El país tiene antecedentes donde la producción de alimentos ha sido desplazada por otras actividades que generan más renta para los propietarios de la tierra y para los municipios. En Cundinamarca fueron frecuentes acciones de volteo de tierras que terminaron por desplazar a la avicultura en algunas de sus provincias. Quizás ese volteo de tierras motivó al gobierno a la creación de las ZPPAs y de las APPAs, como un mecanismo de ordenamiento territorial destinado a la protección de la producción de alimentos, especialmente, aquella procedente de la agricultura campesina y familiar.
Pero estas figuras jurídicas han generado polémica, pues estarían violando la autonomía de los entes territoriales en la formulación de sus planes de ordenamiento del uso del suelo. El debate se ha extendido a las restricciones que estas regulaciones estarían imponiendo al propio sector agropecuario.
Actividades como la floricultura, por no tratarse de un alimento, quedarían excluidas de las APPAs, generando inseguridades al sector floricultor de la sabana de Bogotá y de Antioquia. También corren el riesgo de quedar restringidas, sin mayor justificación, actividades en invernadero o en ambientes controlados, como la avicultura, tan importante aquí en Santander.
Si el gobierno quiere hacer de Colombia una despensa alimentaria, las ZPPAs y las APPAs no son el mecanismo. No se pueden imponer restricciones a sectores productivos que ya operan dentro de algunas de las ZPPAs y APPAs ya establecidas, pues vuelve y juega el temor de la expropiación. Tampoco puede privilegiar unos sectores sobre otros, ni modos de producción, ni tamaño de productores, pues todas esas restricciones generan incertidumbres al sector agropecuario, desincentivan la inversión y el crecimiento de la producción. El agro en Colombia necesita más garantías y certidumbres, no de la intervención estatizante.
