En un par de meses, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro Urrego, pasará a la historia como un pato cojo, término acuñado en Estados Unidos para describir, según la Ciencia Política, a un mandamás que al acercarse el final de su administración, ve reducida su capacidad de gobierno por la elección de su reemplazo.
En Colombia no tenemos certeza de si esto es bueno o malo ante tanto desgobierno, con una administración que desde el primer día propuso un modelo de decrecimiento económico para decimar la industria, la exploración y la explotación de petróleo, gas y carbón, y estatizar la salud y las pensiones.
La actual administración deja un legado envenado en materia económica. Las bombas de tiempo que le quedan al nuevo gobierno son variadas y explosivas por naturaleza. La primera tiene que ver con el creciente déficit fiscal, equivalente al 6.5% del PIB, nivel por encima del promedio 2020–2024 e incluso peor que los registros de pandemia.
El déficit fiscal se explica por el exceso de gasto público en época electoral, el aumento desmesurado de la deuda externa a US$246.801 millones, equivalente al 53.8% del PIB, y de su costo, el doble en promedio de las tasas de interés del crédito que el país tenía con el FMI, que el gobierno nacional canceló sin contemplación. A lo anterior se suman la incertidumbre económica actual en un contexto de bajo crecimiento económico del 2.4% anual, el débil recaudo tributario, inferior a las metas fiscales del gobierno, que quieren corregir a punta de sucesivas y gravosas reformas tributarias, diseñadas para apretar más a los empresarios. Y los aumentos confiscatorios de los catastros rurales aplicados en la mitad de los municipios del país.
Al déficit fiscal es preciso añadirle las vigencias futuras fuera del balance gubernamental, equivalentes a 10 puntos del PIB, algunas impagas, así como los compromisos por sentencias no ejecutoriadas y el sostén de las víctimas del conflicto armado. La frambuesa envenenada del legado petrista son las deudas pendientes de pago en materia de salud, que pueden agregar otros 30 billones de pesos.
