El famoso “decretazo” con el que se intenta convocar una consulta popular, tras el rechazo del Congreso, no es solo jurídicamente cuestionable, es que cruza uno de los fundamentos de nuestra democracia, la separación de poderes.
Cuando el poder se disfraza de legalidad tenemos un problema. Lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro no es una jugada jurídica menor, sino una jugada política peligrosa.
El famoso “decretazo” con el que se intenta convocar una consulta popular, tras el rechazo del Congreso, no es solo jurídicamente cuestionable, es que cruza uno de los fundamentos de nuestra democracia, la separación de poderes.
El gobierno insiste en una supuesta “excepción de inconstitucionalidad” al argumento legislativo -una tesis jurídica inconsistente y mutable que deja perplejos incluso a los expertos-.
Ni siquiera los juristas más creativos -y eso que en Colombia pululan- logran encontrarle lógica a ese galimatías. Y como dirían algunos expertos en un reciente debate jurídico: “Esto no es solo una tesis polémica, es una tesis equivocada, groseramente equivocada”.
Lo más insólito es que el gobierno se ha inventado una tesis jurídica que muta como un camaleón. Una excepción que pretende justificar lo injustificable.
No se trata solo de una discusión técnica, esto es una crisis institucional. El ministro Benedetti, se lanzó lanza en ristre -como siempre-, contra el registrador Penagos, acusándolo de “simple operador logístico” por pedir que la justicia resolviera la duda legal.
Leyendo el decreto, luce más como una sentencia encubierta y no como una norma ejecutiva, y encarna un atropello de competencias que no le corresponde al ejecutivo. La Constitución no faculta al presidente para reformarla mediante un acto Administrativo, ni para sustituir al Congreso apelando a teorías de privilegio constitucional.
La experiencia venezolana es un referente. El uso repetido de leyes habilitantes y decretos para concentrar poder en el Ejecutivo, socavaron los controles institucionales y coadyubaron el autoritarismo, eso, que no se nos olvide.
Es verdad que el caso de Colombia no es igual al de Maduro, si demuestra el riesgo de normalizar atajos jurídicos con la excusa del cambio.
Estamos frente a un atropello evidente contra la Constitución, que debería preocuparnos a todos, incluso -y, sobre todo- a quienes votaron por el cambio.
El famoso “cambio”, no puede ser una coartada para que el Ejecutivo haga lo que quiere. No se puede gobernar arrasando con lo que ya existe, ni reformar el país a punta de decretos con tufo a imposición. Colombia no necesita líderes que confundan legitimidad con autoritarismo. Ni ministros que se crean oráculos constitucionales -como el autor del decreto-.
Necesitamos instituciones fuertes, respeto por la ley y un gobierno que, en lugar de incendiar el debate público, construya desde la legalidad y el consenso.
Lo demás -todo lo demás- es solo humo.
