Si el proyecto de ley del Gobierno Petro se logra volver Ley de la República, se le hará inmenso daño a Colombia.
Un profundo abismo separa a la legislación nacional que desarrolla la Convención de los Derechos del Niño y el daño que causa en Colombia el accionar de los adolescentes sicarios. Las cifras y gravedad de la conducta delictiva de buen número de tales menores aterra. En 2024 ingresaron al “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes” (SRPA) 202 menores de 18 años acusados de cometer homicidio, delito atroz, de consecuencias inenarrables. Entre enero y abril de 2025 van 67, es decir, cada dos días ha sido internado un menor por cometer tan monstruoso crimen, que causa inmenso daño social y las sanciones que se les imponen son tan blandas que se convierten en una invitación a ser criminales.
La comunidad tiene certeza de que en bastantes comunas de nuestras ciudades hay un número preocupante de adolescentes que ofrecen sus servicios como sicarios, ‘gatilleros’, ejecutores, cómplices, etc., de delitos tales como homicidios, extorsiones, secuestros, que causan inmenso daño social y lo hacen a cambio del pago de sumas de dinero que son ridículas.
El tratamiento correctivo que a tales sicarios aplica la ley es flexible, bondadoso, leve y choca con un hecho cierto: para la legislación son niños ingenuos, pero realmente dichos muchachos tienen clara conciencia de la gravedad de los delitos que cometen. Un adolescente como el que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay sabe lo que es matar a un ser humano, tiene más pericia en el manejo de armas de fuego que muchos de los adultos de nuestro país y todo sugiere que ha participado en otros delitos semejantes a las órdenes de siniestros y oscuros grupos criminales.
Y como si eso fuera poco, actualmente se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que fue redactado, presentado e impulsado por el gobierno Petro, que busca flexibilizar aún más el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hacerlo más bondadoso, más blandengue que el que rige.
Los adolescentes que se involucran en la planeación y/o en la ejecución de homicidios, extorsiones, secuestros, tienen conciencia suficiente de la gravedad de aquello que están cometiendo, al delinquir raciocinan como adultos y las penas que se les debe imponer no deben ser bondadosas, pues con ello se castiga es a la comunidad y se agudiza la inseguridad en el territorio nacional. El adolescente que comete tales delitos raciocina como un adulto y merece la pena que se le impone a un mayor de 18 años.
Si el proyecto de ley del Gobierno Petro se logra volver Ley de la República, se le hará inmenso daño a Colombia.
