Publicado por: Fundación Participar
Estudiosos de esta materia han identificado tres problemas estructurales: baja cobertura, falta de equidad e insostenibilidad financiera. Respecto de la primera variable, las estadísticas son elocuentes: únicamente el 27% de la población tiene acceso al sistema pensional y sólo una de cada tres personas con más de 65 años de edad ostenta la condición de pensionado. La precaria cobertura está asociada a las distorsiones que ocurren en el mercado laboral, porque los desempleados o quienes subsisten en la informalidad no cotizan al sistema pensional. Por ello los expertos recomiendan como política de empleo liberarlo de las cargas no salariales, o sea de los componentes parafiscales, cuyos recursos serían sustituidos por un impuesto adicional a las altas rentas.
El sistema de prima media lleva implícito un componente de subsidio, porque la cotización no es suficiente para fondear el pago de la futura pensión, luego las pensiones más altas captan un mayor valor de subsidio, al punto que al 20% de la población más favorecida se le otorga el equivalente al 86,3% del valor de los subsidios en pensiones, mientras que el 20% de la población más pobre sólo recibe el 0,1% de esos subsidios.
Los regímenes especiales, que están diseñados para privilegiar congresistas, magistrados y altos funcionarios del Estado con mesadas pensionales superiores a los $20 millones, distorsionan cualquier concepto de equidad social, y para reforzar semejante deformación estructural, el Congreso, en abierto desafío a elementales exigencias de interés público y en consonancia con sus beneficios personales, suprimió el artículo de la reforma tributaria que pretendía gravar las pensiones superiores a $10 millones. En contraste, se espera que la Corte Constitucional les ponga orden a las abusivas pensiones reconocidas al margen de las reglas contenidas en el Acto Legislativo 1 de 2005.
Hace varios meses que la Contraloría General prendió las alarmas, al comprobar que los fondos de reserva para las pensiones no disponían de los recursos suficientes para cubrir el pasivo pensional, porque no estaban incorporados los correspondientes cálculos actuariales, que reflejan las cuantías reales de esas obligaciones.
El sistema podría estar ante un inminente colapso, si no se toman oportunamente sus correctivos estructurales.
