Y ni hablar de la eliminación de la regla fiscal. Romper ese principio de responsabilidad no solo desataría un caos presupuestal, sino que dispararía el riesgo país, encarecería el crédito y ahuyentaría aún más la inversión extranjera.
No hay que ser experto para percibir el desprecio con el que el presidente Gustavo Petro ha tratado al sector productivo del país. Su discurso, repetitivo y agresivo, ha señalado a los empresarios como enemigos del pueblo, y no como los generadores de empleo, inversión y bienestar que son en realidad. Pero más allá de las palabras, son sus decisiones erráticas, improvisadas y, muchas veces, ideologizadas, las que han minado de forma profunda la confianza en las instituciones, en la seguridad jurídica y en la estabilidad que tanto trabajo nos ha costado construir.
El caso más reciente y escandaloso es el del anticipo de impuestos de 2026. Una medida nociva que obliga a las empresas a adelantar el pago del impuesto de renta de un período fiscal que ni siquiera ha comenzado. Aunque el Gobierno ha intentado justificarla como un mecanismo para aliviar la caja del Estado, lo cierto es que afecta significativamente la liquidez del sector productivo y sabotea cualquier intento de planeación financiera. Es el reflejo de un apetito desenfrenado por recursos para hacer campaña y del desorden presupuestal de una administración que, en lugar de reducir el gasto innecesario, decide trasladar la carga a quienes todavía creen en la producción formal.
A esto se suma una reforma tributaria que, lejos de promover la inversión y la formalización, ha terminado por castigar a los sectores productivos que ya cumplen con sus obligaciones. En lugar de ampliar la base de contribuyentes, concentró el recaudo en quienes ya están en la legalidad, aumentando su carga fiscal sin ofrecer incentivos reales para crecer o generar empleo. El mensaje es preocupante: en Colombia, ser formal y producir parece ser más una condena que una oportunidad.
Y ni hablar de la eliminación de la regla fiscal. Romper ese principio de responsabilidad no solo desataría un caos presupuestal, sino que dispararía el riesgo país, encarecería el crédito y ahuyentaría aún más la inversión extranjera. Parece que el Gobierno no entiende que la estabilidad macroeconómica no es un lujo; es una necesidad para cualquier nación que quiera avanzar.
En medio de este panorama sombrío, resulta inevitable pensar en esas empresas que no lo lograrán. Aquellas que, luego de años de esfuerzo, innovación y generación de empleo, se verán obligadas a cerrar sus puertas. Se irán en silencio, dejando fábricas vacías, familias sin sustento y regiones sin futuro. Y mientras tanto, el Gobierno seguirá culpando a los empresarios de sus fracasos, sin entender que con cada empresa que cae, cae un pedazo del país. Esa es, tristemente, la catástrofe empresarial que estamos viviendo.
