La reforma al Fonpet representa autonomía, no rebeldía. Representa confianza en las capacidades locales, no ruptura institucional.
La sanción de la reforma al Fonpet marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y las regiones. Es un logro concreto para departamentos como Santander, que por años han enfrentado enormes desafíos financieros sin el respaldo que merecen desde Bogotá.
Con esta reforma, las entidades territoriales podrán utilizar los excedentes del Fonpet en proyectos sociales y de infraestructura, sin depender de autorizaciones eternas del nivel central. Para Santander, esto se traduce en más de $54.000 millones que llegarán a los 87 municipios, recursos fundamentales para cerrar brechas históricas en vías terciarias, salud pública, conectividad digital y desarrollo rural sostenible en zonas olvidadas del territorio.
Pero esta victoria regional no se dio en un clima de armonía. Mientras el Congreso respaldaba la iniciativa, el presidente Petro objetaba la ley, y no solo por razones jurídicas. En paralelo, acusaba a varios mandatarios de promover un supuesto “golpe blando” en su contra. Entre ellos, al gobernador Juvenal Díaz. Un señalamiento grave, sin pruebas, que generó una respuesta contundente: “Se rebosó la copa”, dijo Díaz, y defendió con claridad la legitimidad del trabajo institucional que vienen realizando las regiones.
Aquí no hay conspiraciones. Hay gobiernos locales tratando de resolver problemas reales, con presupuestos ajustados y sin margen para improvisaciones.
No se trata de quitarle funciones al Gobierno nacional, sino de darle herramientas reales a los departamentos y municipios para que puedan responder a sus ciudadanos con eficacia y oportunidad.
Es momento de reconocer que el modelo excesivamente centralista que impera en Colombia ha llegado a su límite. Las regiones necesitan más facultades, más recursos y menos barreras políticas para gobernar. No puede ser que un gobernador tenga que rogar por cada peso para una vía o un hospital mientras los problemas crecen sin espera.
Eso sí, el mensaje es claro: las regiones no pueden seguir siendo simples receptoras pasivas de decisiones tomadas desde la capital. Esta ley es una señal de madurez del sistema político colombiano, donde se reconoce que la descentralización no es una amenaza, sino una necesidad.
Ahora viene el verdadero reto: ejecutar bien. Que los recursos lleguen a donde deben llegar. Que se conviertan en resultados. Que esta victoria política se transforme en bienestar concreto para las comunidades que más lo necesitan.
Porque si algo ha demostrado esta reforma, es que cuando las regiones se hacen escuchar, el país avanza. Y eso debería alegrarnos a todos, sin importar banderas políticas.
