Publicado por: Jesús Rodrigo Fernández
Asistimos el viernes a la presentación del informe del Comite Transparencia por Santander correspondiente a la veeduría precontractual a los procesos convocados por el Departamento de Santander y los municipios del Área Metropilitana en 2014.
El informe tenía una connotación especial, pues se trataba del primer exámen al impacto que habría podido tener la aplicación del decreto 1510 de 2013 que entró en plena vigencia en enero de 2014 al igual que el resultado que habrían podido tener los documentos tipo, y circulares, supuestamente de obligatorio cumplimiento, expedidas por la Agencia Nacional de Contratación ANC.
La verdad es que las cifras presentadas fueron muy similares a las del primer semestre y a las del año anterior, es decir, se mantiene la prevalencia de una mínima participación, en promedio, en las convocatorias a licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. La razón de la baja participación hizo parte del informe, pues en la medida en que se presentaban los requerimientos para participar en las convocatorias, o los parámetros establecidos para la evaluación de las ofertas o el procedimiento para otorgar el puntaje al precio de las propuestas resultaba entendible para la escasa audiencia el porqué de la pérdida de confianza para ser actor del desarrollo como contratista del estado.
Es increible que tan poca atención se preste a las previsiones de la ANC de proscribir requerimientos en cantidades de obra, para acreditar experiencia o mantener una absurda posición, contraria a la ley, cuando solo se tienen en cuenta contratos ejecutados en los últimos tres, cuatro o diez años, cuando es claro que la experiencia no se agota con el paso del tiempo y cualquier restricción en ese sentido apunta a restringir la participación.
Desconcertó al auditorio, pues se consideraba una práctica que se había extinguido, la reaparición del otorgamiento de puntaje a los programas de trabajo, situación a todas luces anómala pues la subjetividad y no la objetividad es la que impera cuando se establece asignación de puntaje a aquella herramienta de planeación.
Y para completar el desolador panorama las exóticas exigencias de indicadores financieros tampoco estuvieron ausentes de pliegos de condiciones y contibuyeron a que el único oferente siga siendo protagonista en nuestros procesos contractuales.
