Publicado por: Jose Félix Lafaurie
El despliegue mediático para anunciar la firma de un acuerdo inconcluso en el tema agrario, fue un golpe de opinión. Una salida de doble filo necesaria para el Gobierno, ante la inminencia de mostrar resultados, pues ahora las negociaciones de paz son determinantes para la “reelección”. Pero si la pretensión era enviar un parte de tranquilidad, se logró el efecto contrario. Las suspicacias saltan a la vista. No es posible que después de 6 meses, los plenipotenciarios escasamente arribaran al sobre-diagnosticado rezago del campo y a las demandas, estas sí históricas, de la inmensa deuda social con 14 millones de colombianos. Son más las omisiones y las dudas que el catálogo de buenas intenciones de lo acordado.
La hondura del “pacto rural” debió pasar por asuntos de gran calado sobre los que se tendió una cortina de humo: la propiedad privada, las tierras improductivas, la explotación minera, la inversión extranjera, las Zonas de Reserva Campesina, la eliminación de los supuestos latifundios o los mecanismos y condiciones para la restitución de las tierras “ilegalmente habidas”, para dotar a 8 millones de campesinos despojados. Sólo se necesita leer la entrevista a Catatumbo para entender los pendientes de la negociación rural.
Pero, más allá de si el primer punto de la agenda quedó o no negociado, es claro que el pago de la deuda social y económica con el campo necesita más del tercio que le resta a esta administración para mover la locomotora y, además, sincerar el debate sobre cuánto costará. Ese riguroso ejercicio fiscal debe empezar por lo que realmente se negoció en Cuba, el costo de la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, sin olvidar las medidas para paliar los TLC, la inseguridad que campea o la ejecutoria de los recursos de la ola invernal o del DRE.
El país no puede vivir de expectativas. Estamos frente a promesas que no se cumplirán. Entre otras razones porque más allá del tema rural, el éxito o fracaso de las negociaciones depende de la suerte del marco jurídico para la paz. Realidades sobre las que mucho tienen que opinar, por ejemplo, los campesinos testigos de las brutales masacres de funcionarios y soldados en La Guajira o Norte de Santander que, con lágrimas reconocieron su impotencia para auxiliarlos por temor a las represalias de la guerrilla. O los miles de amedrentados que habitan las actuales Zonas de Reserva Campesina, que tras el acuerdo ven más lejos su liberación de las Farc.
*Presidente ejecutivo de Fedegán.
