El aumento en 24 % del salario mínimo es desbordado, populista y perjudicial. ¿Por qué no aumentarlo 500%? ¿Qué tal si fuera de 10 millones de pesos? ¿Si es tan buena medida por qué el presidente no lo hizo antes y sí justo antes de elecciones? Todo parece muy atractivo y más si se logra con un plumazo. Pero la realidad es que esta decisión, sin tener en cuenta su impacto en la sociedad, es contraproducente y particularmente con los más vulnerables: los informales y desempleados.
La norma busca que haya una concertación del aumento del salario mínimo entre trabajadores y empleadores. Los sindicatos pedían un incremento del 16 % y los gremios del 7 %. Para dar esta discusión, hay una guía técnica que consiste en la suma entre inflación (5,8 %) y productividad (0,9 %). Sin embargo, al gobierno no le importó lo que dijeran los unos o los otros y de manera autoritaria lo decretó muy por encima de cualquier pronóstico, justo a 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte. Al adicionar las prestaciones sociales, el valor real es de 3 millones de pesos mensuales. Incluso, el líder sindical y presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Iván Díez, señaló que el incremento es desbordado y genera consecuencias económicas adversas.
En el corto plazo la medida favorece al 10 % de los ocupados, es decir, a 2,4 millones de personas que ganan un salario mínimo, siempre y cuando mantengan el empleo. Sin embargo, en el mediano plazo afecta negativamente a la mayoría. El 48 % (11,3 millones) gana menos de un salario mínimo y el 55 % (13,6 millones) son informales. En la ruralidad, la informalidad alcanza el 83 %.
Asimismo, 14,4 millones de personas están por fuera de la fuerza de trabajo. A todas estas personas les será más difícil acceder a un empleo formal. Ser formal será cada vez más una excepción, mientras que la precarización del trabajo será la norma, sobre todo cuando el 98 % del tejido empresarial lo conforman micro y pequeñas empresas. Asimismo, todos los colombianos y particularmente los más vulnerables serán perjudicados a través del peor de los impuestos invisibles: la inflación. Cerca del 60 % de la canasta del índice de Precios al Consumidor (IPC) está indexada, directa o indirectamente, al salario mínimo.
No obstante, algunos señalan que los análisis económicos son irrelevantes pues el fondo es político. Ad portas de elecciones, el presidente quiere mantener agitada a la opinión pública. ¿No dizque estamos en emergencia económica? Si el Consejo de Estado tumba la decisión del gobierno, tendría nuevos argumentos para impulsar la Asamblea Constituyente. Igualmente, el presidente desafiará la posible apretada del cinturón de parte del Banco de la República con un aumento de las tasas de interés y culpará a los empresarios que disminuyan puestos de trabajo. Lo importante es asegurar la elección incluso acosta los más desfavorecidos. No solo la economía sino la democracia y las instituciones están más vulnerables que nunca.
