La sanción disciplinaria no sorprende. Los hechos fueron claros y la consecuencia se veía venir. Lo que verdaderamente llama la atención son los argumentos que Arias Quintero y su abogado esgrimieron para defenderse ante el juzgador disciplinario.
Eso dijo Ingrid Johana Espejo Capella cuando se enteró que la Procuraduría General de la Nación sancionó a Deiby Alberto Arias Quintero con suspensión de doce meses en el cargo de concejal del municipio de Ocaña, Norte de Santander, por agredirla física y emocionalmente.
La sanción disciplinaria le da una luz de esperanza en el propósito de que la agresión no quede impune, pero Ingrid Johana sigue esperando que la justicia penal defina la denuncia que le formuló a su agresor por violencia intrafamiliar. Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2021, denunció a su agresor, y no ha pasado nada.
La sanción disciplinaria no sorprende. Los hechos fueron claros y la consecuencia se veía venir. Lo que verdaderamente llama la atención son los argumentos que Arias Quintero y su abogado esgrimieron para defenderse ante el juzgador disciplinario.
Dijeron, sin sonrojarse, que entre Arias Quintero e Ingrid Johana no existió una relación de permanencia y estabilidad para afirmar que entre ellos hubo una unión marital de hecho, o considerarlos compañeros permanentes. ¿La razón? Para el momento en que la agredió, Arias Quintero estaba casado y compartía todo el tiempo con su esposa e hijos; además, sostenía una relación sentimental “paralela” con una tercera persona, diferente a su esposa y a Ingrid Johana.
Alegaron que la agresión no se probó porque el médico legista equivocó el protocolo técnico para hacerlo. En lugar del Reglamento Técnico de Abordaje Integral de Violencia de Pareja, utilizó el Reglamento Integral de Lesiones en Clínica Forense. Pero se les olvidó que la estructura de ambos protocolos es idéntica y que previamente habían alegado que víctima y victimario no eran pareja, ni convivían. Es decir, se utilizó el protocolo correcto. La torpeza en la argumentación salta a la vista. No fue su única contradicción. Arias Quintero y su abogado, contra toda evidencia, aseguran que aquel no golpeó a Ingrid Johana; pero no explican por qué, preocupado más por su imagen y prestigio, le envió mensajes y solicitudes con insistencia para que cambiara la versión de los hechos y no se afectara su vida política. ¿Entonces?
A Arias Quintero, disciplinariamente, le correspondía una pena mayor, pero la favorabilidad le echó una mano para que la sanción quedara en doce meses de suspensión. Seguramente apelará y no tendrá éxito.
Mientras Ingrid Johana sigue esperando justicia, Arias Quintero sigue siendo concejal porque a algunos ocañeros poco les importó lo que hizo y lo “premiaron” reeligiéndolo para el periodo 2024–2027. No fue el único reconocimiento. Sus compañeros concejales, que al día siguiente de la agresión repudiaron el hecho con vehemencia, un año después, bastante frágiles de memoria, lo respaldaron eligiéndolo presidente del concejo. Absurdo.
