Mientras los colombianos acuden hoy a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, existe una pregunta crucial que pocas veces ocupa el centro del debate: ¿Cómo se financiaron las campañas que hoy buscan llegar al poder?
La respuesta no es un asunto menor, pues desde la campaña se puede vislumbrar la forma como va a gobernar el candidato ganador. La forma en que se financia una candidatura determina, en buena medida, las presiones, compromisos e intereses que podrían influir posteriormente en las decisiones de gobierno.
Por eso, la transparencia y el acceso a la información son una condición indispensable para la democracia y para prevenir la corrupción. Cuando se sabe quién y cuánto ha aportado a cada campaña, y en qué se gastan los recursos recibidos, es posible ejercer control social y detectar eventuales conflictos de interés. Por el contrario, cuando la información es incompleta, tardía o difícil de verificar, aumenta el riesgo de que intereses particulares terminen imponiéndose sobre el interés general.
No es casualidad que varios de los mayores escándalos de corrupción hayan tenido alguna relación con la financiación política. El caso Odebrecht es quizás el ejemplo más conocido, donde los grandes aportes a campañas políticas resultaron la antesala de un entramado de corrupción en la adjudicación de millonarios contratos con recursos públicos en beneficio de particulares.
En el caso de las presentes elecciones, al momento de la realización de esta columna, entre primera y segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella ha registrado un total de ingresos por 53.500 millones y gastos por 48.600 millones de pesos. Por su parte, Iván Cepeda reportó ingresos totales por 25.000 millones y gastos por 22.367 millones. Con ello se observa que el 68 % de los ingresos y gastos totales en la campaña presidencial corresponden a De la Espriella y el 28 % a Cepeda.
Las dos campañas reportan como principal fuente de financiación créditos del sector financiero y el rubro de mayor gasto en ambos casos es “propaganda electoral”. No obstante, es de considerar que uno de los mayores riesgos para la transparencia de las elecciones es el subreporte de ingresos y gastos, donde se omite reportar aportes, registrar valores reales o esconder gastos ejecutados por terceros, creando una zona de opacidad que dificulta el control ciudadano e institucional.
Por esa razón, la transparencia electoral es una herramienta fundamental para proteger la democracia. La legitimidad de un gobierno no depende únicamente de los votos obtenidos en las urnas, sino de la confianza que inspire el proceso mediante el cual alcanzó el poder.
Hoy se elige un presidente y la forma como llega al poder es tan importante como la forma en que lo ejercerá.
