Publicado por: Miguel Angel Pedraza
A juzgar por los últimos acontecimientos, en un verdadero galimatías o en todo un entramado jurídico se está volviendo el proceso de ingreso de postulados a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en donde piden pista por allí toda suerte de personas con compromisos delictivos, incluidos paramilitares y narcotraficantes.
Dentro de la escala de “aspirantes” a esa justicia especial están los combatientes, indudablemente, los agentes del Estado y los denominados “terceros”, pero parece que es en esta categoría donde aún no hay definiciones jurídicas establecidas, a tal punto que por esa fístula se puede abrir el boquete para el ingreso de otras especies delincuenciales.
Los casos de los excongresistas David Char y Alvaro Ashton son elocuentes, pues mientras en una primera instancia se les negó su ingreso a la “JEP”, en segunda instancia los admitieron, argumentado que su vinculación con el paramilitarismo no fue apenas por beneficio personal, sino como contribución a la prolongación del conflicto armado atendida su relación con bloques de autodefensa. Y habrá que esperar la decisión en el caso de Miguel Maza Márquez, condenado por el homicidio de Luis Carlos Galán.
Cabalmente en el concepto de “conflicto armado interno” parece estar la clave de todo este meollo, pues será la relación directa o indirecta con el conflicto la que habilita el ingreso a la jurisdicción. Enorme desafío y cuestión difícil, si se tiene en cuenta que en el conflicto armado colombiano, además de la guerrilla y el paramilitarismo, el tema del narcotráfico ha sido recurrente, tanto así que en múltiples escenarios se ha sostenido que el narcotráfico era el combustible necesario para perpetuar la guerra.
Entonces, bajo esa disyuntiva, los llamados “narcotraficantes puros” no entran a la JEP, pero los que tengan relación con el conflicto seguramente sí, y ahí el tema ya es a otro precio, pues la jurisdicción especial sería receptáculo de esa forma de criminalidad. ¿Se acuerdan de la discusión de si el narcotráfico es conexo con el delito político?
¡La magistratura de la paz tiene la palabra!
