Publicado por: Nilson Pinilla
Acumular bienes dolosamente obtenidos, reciclarlos, lavarlos, sin que el Estado, por intermedio de alguna de sus instituciones concernidas, responda de una manera efectiva para evitar y sancionar el aprovechamiento y acopio de lo mal habido, y la ausencia de un control social, al menos informal, que señalice, reproche, denuncie ese aumento de riqueza cochambrosa, va cundiendo en otros individuos sin escrúpulos, que abundan y de una u otra manera procurarán emular al exitoso malhechor.
El amoral, especialmente el de cuello blanco, que ha venido adaptando y flexibilizando su conciencia, hasta moldear una que sea libre de culpabilidad, sigue avanzando en sociedad.
La ética desmoronada repercute en que se admire a los facinerosos de elevado nivel saqueador, quienes no son estigmatizados sino, por el contrario, van allegando simpatías, que aumentan con dadivosidad, de manera que, cruelmente, se les suele llegar a tomar como ejemplos a imitar.
Esa perversa deshonestidad que sigue extendiéndose en el país, y en el mundo, parecería llevar el mensaje de que el crimen sí paga, consolidado ello por la ausencia o lenidad sancionadora.
Por ello es apremiante incrementar y agilizar las posibilidades legales de incautación, comiso y extinción de dominio, para hacer real el restablecimiento del derecho que, reitérese, no es otra cosa que devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la perpetración de la conducta lesiva, no solo para resarcir e indemnizar cabalmente a las víctimas, sino para desposeer a los malandros de todo rendimiento.
Mediante la ley 1708 de 2014, Colombia fue dotada de una buena codificación para hacer efectiva la extinción de dominio, con atinadas causales, regulación efectiva para posibilitar el derecho de defensa pero también para superar las connivencias, argucias y dolosas transferencias que tan frecuentemente aniquilan los esfuerzos de los servidores públicos competentes, que ojalá fuesen más acuciosos, suspicaces y perseverantes.
Hay cómo lograr que la extinción de dominio se convierta en verdaderamente inescapable, lo cual redundaría en disminución de esa horrorosa incidencia y frecuencia de delitos de alta rentabilidad económica, como el narcotráfico, la extorsión, el peculado, la concusión, el cohecho y otras conductas punibles contra el patrimonio y el orden económico, la administración pública, la salud y la seguridad de los habitantes del territorio nacional.
