Publicado por: Nilson Pinilla
En Colombia no se ha otorgado suficiente reconocimiento a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que no obstante la forma inusitada en que resultaron con tan trascendental misión a cuestas, lograron realizarla, para darle al Estado una estructura nominalmente sólida, llamada a perdurar, a pesar de su fragilidad social y política.
Es de recordar cómo tres representantes de las tendencias que convergieron a otorgarle origen, emergiendo como voceros de los tradicionales partidos liberal (Horacio Serpa Uribe) y conservador (Álvaro Gómez Hurtado) y del novedoso grupo M-19 (Antonio Navarro Wolf), unieron sus voces para comunicar la impactante novedad.
La Asamblea Nacional Constituyente logró, como sin procurárselo, un excelente texto, con el mérito de haber observado, respetado y proyectado los derroteros contenidos en tratados y convenios supranacionales de preservación de los derechos humanos.
Se otorgó reconocimiento al “pueblo de Colombia”, invocando la protección de Dios, con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de ese marco jurídico, democrático y participativo, que garantizare un orden político, económico y social justo.
Matriculada Colombia como Estado social de derecho, no podía menos que anunciársela “democrática, participativa y pluralista”, no obstante el desinterés de los connacionales, que nunca han concurrido a las urnas tan siquiera en la mitad de los habilitados para votar, desmotivados y a la vez títeres de la corrupción, en las torcidas formas de “hacer” política.
La participación democrática es tan baja, que da la impresión de mantener malformaciones dinásticas, donde las relaciones de familia se imponen para remplazar a alguien, por consanguinidad o afinidad y no por elección libre.
Este “pueblo de Colombia” no parece soberano, ni mantenerse interesado en elegir y controlar a sus gobernantes, ni a sus legisladores, fundamental en la democracia. Más bien deja hacer y deja pasar indolentemente lo que, a pesar de devenir en manifiesto perjuicio, no genera reacción y acaba percibiéndose como normal.
De tal manera, se ha vuelto usual cohonestar las conductas dolosas y las trapacerías, de quienes se han apoderado de la conducción de los entes públicos y asumen que pueden continuar realizando sus desvergonzadas usanzas, que se quedan sin sanción y terminan asumiéndose como prácticas habituales, toleradas no obstante su ostensible lesividad.
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