Publicado por: Nilson Pinilla
Según define en Colombia el artículo 60 de la Ley 1757 de 2015, el control social es un derecho y un deber de los ciudadanos, para participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.
Ese derecho y deber es clasificado en dos formas de realización, control social formal e informal, siendo el primero verificado por las autoridades oficialmente encargadas de llevarlo a cabo, sea desde el interior de la propia entidad, o desde las instituciones investidas para de una u otra manera desempeñar tal función, como la Rama Judicial, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Auditoría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, etcétera.
Tan copiosa y costosa burocracia “controladora” supondría magníficos resultados en la preservación del pulcro desarrollo de las funciones públicas. Pero, con excepciones como lo conseguido a veces desde la Rama Judicial y, últimamente, desde la Contraloría General, más bien coadyuva a elevar el clientelismo y, de pronto, a aumentar el divisor cuando va a realizarse alguna repartija.
En varias de esas instituciones se llega a dedicar más tiempo y superar mayores inconvenientes al barajar la nómina y darle gusto a todos los que esperan participación burocrática por los “favores” dispensados para acceder al cargo, que en el real desempeño de las funciones de control.
Esto se agrava por el imperio de los nombramientos “a dedo”, en la usual burla de la carrera y de los concursos para la provisión de los empleos.
No funciona debidamente el control social formal y habría de operar el informal, en cumplimiento del deber de cada quién, pero salvo algunos comunicadores sociales y uno que otro adalid, el común de los asociados tampoco obra, por pusilanimidad, individualismo, falta de compromiso colectivo, desidia, pachorra, ausencia de solidaridad.
Tal indolencia, que a la larga acarrea masoquismo y conlleva ensalzar a los malandros, con manifestaciones tan vergonzosas como la deplorable de Sahagún hacia Ñoño, mantendrá postrada a la colectividad, padeciendo las consecuencias de la propia penosa incuria.
Por eso estamos como estamos, apenas nos quejamos y vanamente reclamamos que otros actúen, sin acción de nuestra parte.
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