El panorama es desolador puesto que en los primeros diez días de diciembre se registran lesionados con pólvora en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Coromoro y Socorro, en un balance donde se cuentan ya los lesionados en cerca de una veintena de personas heridas.
Publicado por: Editorial
Las primeras cifras de quemados con pólvora en Santander durante este inicio de diciembre son decepcionantes y alarmantes, pues según los informes oficiales, ya se ha producido un aumento del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y lo más grave es que en la mitad de estos casos los heridos son menores de edad, hecho que refleja no solo una evidente falta de control, sino también una alarmante irresponsabilidad por parte de las autoridades y la ciudadanía.
A pesar de los decretos vigentes que prohíben el uso, venta y manipulación de pólvora en todo el departamento, el comercio ilícito de estos artefactos ocurre prácticamente sin contratiempos, lo que deja en claro que que las disposiciones, aunque necesarias, se han convertido en letra muerta ante la probada imposibilidad administrativa y policial de hacerlas cumplir. La pregunta obvia en este caso es ¿de qué sirve expedir decretos si no se implementan acciones reales y efectivas para garantizar su cumplimiento?
El panorama es desolador puesto que en los primeros diez días de diciembre se registran lesionados con pólvora en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Coromoro y Socorro, en un balance donde se cuentan ya los lesionados en cerca de una veintena de personas heridas, con casos que incluso han requerido hospitalización, pero a lo que hay que añadirle el impacto emocional y económico en las familias afectadas, que, en la práctica, se vuelve incalculable. Estas cifras reflejan una conducta que no solo persiste, sino que se agrava año tras año, en gran parte debido a la inacción de las autoridades.
Pero, de todos nosotros es sabido que no estamos hablando de un problema nuevo, o de una situación que nos haya tomado por sorpresa, sino que, muy por el contrario, es un hecho que cada diciembre se convierte en un triste ritual de cifras crecientes y promesas incumplidas, pues las alarmas que las autoridades, ya podríamos decir que de forma protocolaria encienden, no llegan a medidas concretas, porque, entre otras cosas, no hemos visto efectividad alguna en los operativos para neutralizar la comercialización ilegal de pólvora, lo que significa que el acceso al elemento explosivo prohibido, sigue siendo expedito.
La verdad es que a esta tragedia anual llegamos no solo por la falta de compromiso y efectividad de las autoridades, sino también a la irresponsabilidad de la ciudadanía al ignorar las normas y perpetuar una tradición evidentemente riesgosa que afecta a adultos y especialmente a los niños, además que de que causa también numerosos y graves daños a las mascotas y población de animales silvestres en las zonas donde estalla la pólvora.
Por todo esto, es urgente implementar controles rigurosos, sancionar ejemplarmente a quienes violan la ley y lanzar campañas educativas contundentes para desalentar el uso de pólvora. Si seguimos permitiendo que esta peligrosa costumbre prevalezca, diciembre continuará siendo una temporada de tragedias, mientras la negligencia de los ciudadanos y la indiferencia de las autoridades continúan conviviendo pasivamente con una costumbre que claramente debió replantearse o eliminarse hace mucho tiempo.
