Publicado por: Editorial
Esta semana debería estar marcada por el optimismo en San Gil y toda la provincia guanentina, pues la adjudicación de la concesión del aeropuerto Los Pozos por 20 años podría ser el punto de partida hacia la transformación de la conectividad aérea, el turismo y la economía local, pero, lamentablemente, las sombras de la opacidad y las presuntas irregularidades amenazan con convertir esta gran oportunidad en un fracaso.
La importancia estratégica de este proyecto es incuestionable, dado que un aeropuerto bien gestionado no solo mejoraría la frecuencia de vuelos y reduciría costos para los pasajeros, sino que abriría las puertas a inversiones, comercio y desarrollo industrial en una zona que lo necesita urgentemente, pero todo esto depende de un proceso de adjudicación impecable, donde la transparencia y la idoneidad de los operadores sean incuestionables. Lamentablemente, lo que se ha visto hasta ahora dista mucho de ser ejemplar.
Las alarmas saltaron cuando solo dos oferentes se presentaron y uno de ellos se identificó con la dudosa denominación de “Nombre con Apellido”, lo que, según algunos expertos en veeduría de este tipo de procesos, es una táctica burda para simular competencia donde no la hay. Pero el asunto empeora cuando vemos que el otro oferente, la Unión Temporal Aeropuerto Los Pozos, carece de experiencia demostrable en la administración aeroportuaria, pues sus socios han trabajado en alumbrado público y mantenimiento de aviones, pero nunca en operar un aeródromo.
A estas señales, ya suficientemente preocupantes, se suman fallas documentales como hojas de vida incompletas, falta de respaldo financiero y contratos insuficientes para justificar su capacidad. Para muchos es claro que la licitación debía declararse desierta, sin atender a la reiterada excusa de que había prisa para poner en marcha el proyecto, como si esto pesara más que la legalidad. La prisa nunca ha sido buena consejera en contratación pública, y menos cuando hay tanto en juego.
El alcalde de San Gil justifica la búsqueda de un aliado privado en el hecho de que el municipio no tiene capacidad para administrar el aeropuerto, pero esto no válida proceder de cualquier manera, pues una concesión mal asignada puede llevar al colapso financiero, a servicios deficientes y, finalmente, a un futuro fracaso.
En estos momentos decisivos se debe actuar con firmeza, las veedurías y la ciudadanía deben exigir que se cumplan las reglas al pie de la letra y si hay irregularidades, la Fiscalía y los órganos de control deben intervenir para evitar que la conectividad aérea del sur de Santander quede en manos de la incompetencia y los intereses oscuros.
Hoy, más que nunca, San Gil necesita que prevalezca la seriedad y la transparencia, pues el aeropuerto Los Pozos es una pieza clave para el futuro de la región, por lo que su concesión debe manejarse con la pulcritud que merecen sus habitantes para que la historia no recuerde esta adjudicación como el principio de un fracaso, sino como el inicio de un verdadero despegue. El desarrollo no puede esperar, pero tampoco puede construirse sobre cimientos porosos.
