Publicado por: Editorial
Luego de la incursión militar estadounidense en suelo venezolano, que terminó en la detención y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro, se ha desatado una tormenta geopolítica que ha movido a la región y al mundo a una reflexión profunda, pues la acción unilateral, justificada bajo cargos de narcoterrorismo, ha sido recibida con alarma por la Organización de las Naciones Unidas, que afirma, al igual que muchos de sus países miembros que, aunque la legitimidad de la elección de Maduro estaba ampliamente cuestionada y desconocida, y su régimen había sumido al país en una crisis abismal, la respuesta no puede ser la imposición de la fuerza por una potencia extranjera.
En criterio de muchos analistas internacionales, la acción de los Estados Unidos, además, no resuelve el problema de fondo, sino que simplemente lo traslada a un terreno también incierto. La estabilidad regional, por otra parte, como bien han señalado algunos estadistas, solo es sostenible con respeto al derecho internacional y a las soluciones multilaterales, incluso en casos como el de Venezuela, del que se dudó siempre de la legitimidad de los sucesivos gobiernos de Maduro, al punto que la comunidad internacional, incluyendo a gobiernos de izquierda como los de Colombia y Brasil, se negó a reconocer su última reelección en 2024.
La visión expresada por varios exmandatarios latinoamericanos tiene un interés crucial en el sentido de que ningún proceso de transición tendrá legitimidad ni será duradero si no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y se construye sobre garantías institucionales, en referencia directa a que la acción de Estados Unidos, al ignorar estos principios, ha creado una ‘solución’ muy precaria frente al problema que pretendía resolver.
Por ello, la única salida viable, urgente y moralmente defendible es la restauración inmediata e incondicional de la soberanía venezolana, en donde el pueblo es el que debe decidir su propio destino. La comunidad internacional, con América Latina a la cabeza, tiene el deber de cerrar filas en torno a este principio incuestionable, con el objetivo de crear las condiciones para que los venezolanos puedan expresar su voluntad en las urnas con plenas garantías. Esto implica un compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la vida de cada ciudadano, sin importar su pensamiento político.
En consecuencia, la prioridad absoluta para Venezuela, hoy más que nunca, es la convocatoria a elecciones libres, transparentes y soberanas en el menor tiempo posible. Un proceso electoral masivo, limpio, supervisado por organismos internacionales creíbles y con la participación plena de todo el espectro político y la sociedad civil, se ve como la única manera de que el país retorne al camino de la ley, la convivencia pacífica y el progreso.
Reconstruida así, desde adentro, la democracia recuperará el diálogo, las instituciones y un profundo respeto por la voluntad popular. La región debe unirse para garantizar este proceso. Sólo desde la voluntad democrática de sus hijos, expresada con total transparencia, Venezuela puede renacer y sostener un largo camino de progreso hacia el futuro.
