Reducción de $2.200 millones en el presupuesto de la Contraloría pone en riesgo la operatividad del ente de control fiscal municipal.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
El Contralor municipal encargado de Bucaramanga, Rolando Noriega, prendió las alarmas por la falta de recursos que tendrá el ente de control fiscal por cuenta de la reducción de hasta el 30% en su presupuesto para el 2021, por cuenta del plan de saneamiento fiscal que aprobó el Concejo de la ciudad la semana pasada.
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Según Noriega, con la reducción aprobada por el cabildo municipal, la Contraloría de Bucaramanga dejaría de recibir cerca de $2.200 millones, lo que impediría su funcionamiento y truncaría su objeto social de realizar control fiscal eficaz.
“La Contraloría con esos recursos, sin comprar un solo papel, sin contratar una sola CPS, trabajando únicamente con los gastos de funcionamiento administrativo, tendríamos únicamente para pagar nómina hasta agosto o septiembre del próximo año, por mucho”, indicó Noriega.
Y es que, según el presupuesto municipal del 2021, la Contraloría de Bucaramanga pasará de tener un presupuesto en el 2020 de $6.489 millones, a $4.543 millones en el 2021.
“A pesar de la reducción del presupuesto, tenemos la misma responsabilidad fiscal, seguimos con los mismos sujetos de control, pero con el impedimento de poder contratar personal de apoyo para desarrollar las auditorías por falta de recursos”, agregó el contralor municipal (e).
Reestructuración inminente
Ante este panorama, los directivos del ente de control fiscal municipal comienzan a contemplar desde ya una inminente reestructuración organizacional de la Contraloría de Bucaramanga para la próxima vigencia.
“Este presupuesto nos lleva a que tengamos que realizar una reestructuración a la Contraloría, lo cual nos significaría un gasto de recursos que no tenemos, para el estudio de la reestructuración, los dineros para pagar las indemnizaciones de los funcionarios que tengan que salir de la entidad que serían cerca de 20”, explicó Noriega.
Las vías judiciales
Otro de los escenarios que se tiene contemplados en la Contraloría municipal son las instancias judiciales para tratar de derogar el artículo del presupuesto de Bucaramanga para el 2021 que ordena el saneamiento fiscal de la entidad y le reduce los $2.200 millones en transferencias, tal y como sucedió en el 2018, cuando el Tribunal Administrativo de Santander tumbó el decreto que le reducía el presupuesto a la Contraloría.
Según el Contralor, el decreto 076 del 2015 dicta que el único que puede modificar el presupuesto de la Contraloría es el Contralor General que se lo solicita al Concejo, por tal motivo, en el 2018 el Tribunal Administrativo no permitió que la administración municipal realizara dicho descuento.
“Actualmente hay una acción de nulidad simple que cursa en el juzgado administrativo contra los actos administrativos que fijaban los presupuestos de la Contraloría desde el 2015 hasta el 2018, es decir, aún la autoridad competente no ha decidido sobre el tema y acá insisten en reducir el presupuesto. Nos tocará al igual que en el 2018, interponer las acciones correspondientes ante el contencioso administrativo para que decida sobre el tema”, acotó Noriega.
La reducción
Con la Ordenanza 024 de 2020, la Asamblea de Santander aprobó la iniciativa por medio de la cual la administración de Mauricio Aguilar le solicita al municipio de Bucaramanga iniciar un programa de saneamiento fiscal debido a la extralimitación del gasto por parte de la Contraloría y Personería.
“La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, nos certificó que el municipio de Bucaramanga incurrió en varias ocasiones en la extralimitación del gasto, en el giro de unos recursos a la Contraloría de más de $1.800 millones en el 2018 y más de $2 mil millones en el 2019. Razón por la cual se hizo necesario aprobar este proyecto de Ordenanza que ordena el plan de saneamiento fiscal en el municipio Bucaramanga”, explicó la diputada Claudia Ramírez, ponente del proyecto.
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Extralimitación desde el 2015
Según un informe de la Auditoría General de la República, la Contraloría municipal en 2015, cuando era dirigida por Magda Milena Amado, incorporó recursos que no fueron trasladados formal y legalmente por el Municipio de Bucaramanga.
“No existió ningún documento mediante el cual se llevara a cabo la legalización del traslado de los $1.600 millones del Municipio hacia la Contraloría, ni por parte de la Alcaldía, ni del Concejo”, concluye el informe de la Auditoría.
Dicho traslado presupuestal avalado en su momento por el hoy exalcalde Luis Francisco Bohórquez, llevó a que los recursos de la Contraloría se inflaran y superaran el límite del gasto permitido por la ley, extralimitación que se vio reflejada en el presupuesto para la vigencia 2016, cuando la Contraloría pasó de recibir $3.467 millones en 2015, a tener un presupuesto de $5.270 millones para 2016, un aumento del 51% cuando según la norma solo podía aumentar 3,66%.
